El Gobierno nacional declaró insubsistentes a cinco funcionarios de la administración del presidente Gustavo Petro que se negaron a presentar su renuncia, en el marco de las auditorías y el empalme institucional que adelanta el nuevo Ejecutivo. La información se conoció el lunes 31 de marzo de 2025, aunque algunas decisiones ya se habían materializado días antes, como la de Milver Rojas, quien fue apartado de la dirección del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) el jueves 27 de marzo. A los funcionarios se les aplicó la figura de libre nombramiento y remoción, lo que permite al Estado cesar unilateralmente el vínculo laboral sin necesidad de justificación.
La depuración, anunciada por el nuevo presidente como parte de una estrategia para responder a los problemas heredados de la gestión de Gustavo Petro y limpiar la estructura estatal, afectó a cargos de distintas instituciones. Entre los declarados insubsistentes figuran Milver Rojas (exdirector del FNE), Wilmar Mejía (exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero – Uiaf), Tamara Ospina (viceministra de Mujeres del Ministerio de la Igualdad), Pablo Zabala (viceministro de Juventudes del mismo ministerio) y Letty Leal, quien se desempeñaba como directora interina del Fondo de Programas Especiales para la Paz del Dapre. El proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, a cargo del liquidador John Milton Rodríguez, ya había ordenado la desvinculación de cuatro viceministros, pero Ospina y Zabala se negaron a renunciar, lo que precipitó su declaración de insubsistencia.
Milver Rojas, considerado una ficha del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, acumuló denuncias por retención de pagos y presuntas cifras erróneas sobre el desabastecimiento de medicamentos. Durante su gestión en el FNE, en 2024 dejó sin ejecutar 5.800 millones de pesos, mientras que el fondo arrastraba un déficit de 3.000 millones de pesos para la compra de medicamentos. Estas cifras, sumadas a las críticas por su manejo administrativo, precipitaron su salida.
Wilmar Mejía, por su parte, estaba bajo investigación por supuestos vínculos con disidencias de las Farc. La Procuraduría lo suspendió por tres meses, pero fue reincorporado antes de ser declarado insubsistente. Además, conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos sugerían que Mejía habría filtrado información confidencial a miembros de las disidencias. Su papel en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia también generó controversia.
En el Ministerio de la Igualdad, Tamara Ospina arrastraba denuncias de acoso laboral, persecución política y violencia de género, mientras que Pablo Zabala enfrentaba cuestionamientos similares. La liquidación de la cartera, que había sido creada durante el gobierno de Petro, sigue en marcha y ha implicado la salida de varios funcionarios. Letty Leal, quien asumió la dirección interina del Fondo de Programas Especiales para la Paz tras la salida de Angie Rodríguez —quien protagonizó denuncias contra la administración Petro—, también fue declarada insubsistente.
La salida de Amelia Pérez, quien estuvo al frente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ocurrió el 19 de agosto de 2025, pero su gestión sigue bajo la lupa. Durante su paso por la entidad, desaparecieron 35.129 registros de animales incautados, y se reportaron denuncias de acoso laboral. La depuración en el Estado, enmarcada en las auditorías y el empalme, continúa siendo una prioridad del nuevo Gobierno, que busca responder a las falencias heredadas y restablecer la confianza en las instituciones.
