El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, respaldó este lunes 31 de agosto la propuesta de restituir al Consejo de Estado la competencia para conocer las tutelas contra el presidente de la República, luego de que un fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá ordenara al mandatario Abelardo de la Espriella disculparse públicamente por el acto religioso celebrado durante su posesión el pasado 7 de agosto. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Barbosa se sumó a la posición del estratega presidencial Carlos Suárez, quien también se pronunció sobre la decisión judicial y anunció la impugnación del fallo.
El debate surge en medio de una controversia que combina dos dimensiones: por un lado, la competencia judicial para tramitar acciones de tutela contra el jefe de Estado y, por el otro, el alcance de la laicidad en Colombia frente a la libertad religiosa y de expresión del presidente. Barbosa fue enfático al señalar que durante el gobierno de Gustavo Petro se modificaron por decreto las reglas de reparto de estas acciones, lo que a su juicio desplazó indebidamente al Consejo de Estado, máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa, en favor de jueces del circuito.
Una disputa por la competencia judicial
El exfiscal, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2024, sostuvo que la medida adoptada en la administración anterior alteró las garantías institucionales y el equilibrio de poderes. “La competencia para conocer las tutelas contra el presidente de la República debe volver al Consejo de Estado. Durante el gobierno Petro se modificaron por decreto las reglas de reparto y se desplazó al máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa del conocimiento de estas acciones”, afirmó Barbosa en su pronunciamiento. En la misma línea, señaló que “no era un asunto menor: las reglas de reparto también son una garantía institucional y no pueden utilizarse para alterar el juez llamado a controlar las actuaciones del jefe del Estado”.
Carlos Suárez, estratega del presidente Abelardo de la Espriella, coincidió plenamente con ese diagnóstico y fue aún más directo al atribuir el origen del cambio al gobierno anterior. “Hay que devolver las cosas a su lugar: Petro cambió la competencia para conocer tutelas en contra del presidente y pasó el conocimiento del Consejo de Estado a los jueces del circuito”, declaró Suárez. El estratega también se refirió a los pasos siguientes en este proceso judicial, asegurando que “más allá de eso, vendrá la impugnación del fallo y ojalá haya revisión del mismo en la Corte Constitucional. Ideal que el juez constitucional se pronuncie sobre el ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de expresión del presidente de la República”.
“Cumplir la decisión judicial y restablecer esa competencia significa recuperar el equilibrio institucional y el respeto por la Constitución”
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación
Pese a su respaldo a la restitución de la competencia, Barbosa fue cuidadoso en distinguir entre la obligación de acatar la decisión judicial y la posibilidad de cuestionar sus fundamentos. En ese sentido, afirmó que “una decisión judicial puede y debe cumplirse mientras se controvierte, pero también puede ser criticada”. El exfiscal fue más lejos al calificar el contenido del fallo como jurídicamente equivocado, al considerar que “pretende convertir el principio de neutralidad religiosa del Estado en una prohibición de toda expresión religiosa en un acto presidencial”. Esta postura resalta la tensión entre la laicidad estatal y el derecho del mandatario a manifestar sus creencias en el marco de una ceremonia oficial, como ocurrió el 7 de agosto, cuando la posesión incluyó la participación de un sacerdote católico, un pastor evangélico y un rabino.
Laicidad, libertad religiosa y revuelo digital
La discusión generó un intenso revuelo en plataformas digitales, donde se entrecruzaron opiniones sobre el rol del Estado frente a las expresiones religiosas y sobre el verdadero propósito de la modificacion normativa impulsada durante el gobierno de Petro. Mientras sectores afines al oficialismo defienden la decisión del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá como una garantía de neutralidad, voces cercanas al presidente De la Espriella y al propio Barbosa advierten sobre un posible exceso interpretativo que limitaría derechos fundamentales. Carlos Suárez, por su parte, cerró su intervención con una contundente consigna religiosa: “Mientras tanto: ¡Que viva Cristo Rey!”.
El caso, que promete continuar su curso en instancias superiores, deja sobre la mesa dos interrogantes que trascienden el caso concreto: quién debe controlar las actuaciones del presidente de la República y hasta dónde llega la libertad religiosa de un mandatario en actos oficiales. La eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, anunciada como un escenario deseable por el estratega presidencial, sería el escenario idóneo para que el máximo intérprete de la Carta fije un criterio definitivo sobre estas materias, mientras tanto, el fallo de primera instancia permanece en firme y a la espera de la impugnación que ya fue anunciada.
