La audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue declarada fallida este lunes 31 de agosto tras detectarse un vicio procesal en la reasignación del caso a un nuevo juzgado. La diligencia, que inició a las 4:30 de la tarde en el Juzgado 39 Penal Municipal con funciones de control de garantías, fue suspendida apenas 56 minutos después, a las 5:26 p.m., cuando la jueza aceptó el argumento de la defensa sobre una irregularidad en el trámite. Originalmente el proceso estaba asignado al Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, pero la incapacidad de su titular llevó al Centro de Servicios Judiciales a reasignarlo al despacho 39, decisión que fue objetada por el abogado Santiago Trespalacios, representante de Quintero Calle, al considerar que una audiencia ya programada debía regresar al juzgado original.
Además de Miguel Quintero Calle, la investigación de la Fiscalía involucra a Álvaro Alonso Villada García, exdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Sebastián Ortega; y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín. Todos ellos enfrentan posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en el marco de una pesquisa que gira en torno a millonarios convenios suscritos por el Área Metropolitana con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Los contratos bajo investigación suman 17.645 millones de pesos, mientras que el expediente total de contratos con los bomberos asciende a cerca de 18.000 millones de pesos, y la hipótesis de comisiones ilegales supera los 3.200 millones de pesos, de los cuales un 20 por ciento habría sido repartido, correspondiendo un 10 por ciento a Miguel Quintero Calle.
Tercer intento y antecedentes del proceso
Esta era la tercera oportunidad en que se intentaba instalar la audiencia de imputación. El primer intento, el 3 de agosto, fue aplazado por petición de la Fiscalía, y el segundo, el 25 de agosto, por solicitud de la defensa. La nueva fecha deberá programarse dentro de los próximos cinco días hábiles, según informaron fuentes judiciales. El proceso acumula ya 55 imputaciones previas derivadas de esta misma investigación, cifra que ascendería a 59 si se formalizan las cuatro nuevas imputaciones previstas contra los implicados. Entre los vinculados se encuentran también Juan Palacio, exdirector del Área Metropolitana; Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras de la entidad; y Juan Alberto Cardona Henao, quien aceptó responsabilidad y espera sentencia el próximo 18 de septiembre.
Las evidencias presentadas por la Fiscalía incluyen conversaciones de WhatsApp en un grupo denominado “Amigos”, donde Miguel Quintero Calle habría escrito un mensaje que hoy es clave en la investigación: “Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”. Este presunto comité paralelo de contratación es uno de los ejes centrales del expediente, que también revela un incremento patrimonial injustificado del hermano del exalcalde, reflejado en bienes de lujo, vehículos, relojes y una finca. Quintero Calle se declara inocente, mientras que su hermano Daniel Quintero ha estado involucrado activamente en su defensa.
“Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
“Pueden inventarse todas las estrategias que quieran, ya nadie les cree y no pueden borrar las pruebas ni el daño que le hicieron a la ciudad”.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
La Fiscalía busca que, una vez formalizada la imputación, se imponga una medida de aseguramiento contra los cuatro investigados. El fallo de la audiencia de este lunes, calificada como fallida por la jueza del Juzgado 39 Penal Municipal, supone un nuevo revés en el cronograma procesal, pero no desestimación del caso. Mientras tanto, la defensa insiste en la legalidad de las actuaciones y en la inocencia de su representado, en medio de un escrutinio público que mantiene en vilo a la opinión pública antioqueña y nacional.
