En una operación conjunta sin precedentes en la selva del Guaviare, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron un ataque aéreo estratégico contra tres campamentos de las disidencias del Bloque Jorge Suárez Briceño, dejando un saldo de diez integrantes de la estructura armada muertos, un presunto capturado y un menor de edad recuperado. La acción, desarrollada en cercanías del río Inírida, en el municipio de El Retorno, ocurrió el 27 de agosto de 2026 y estuvo dirigida contra una unidad bajo el mando de alias Cotiz, vinculado a la facción liderada por alias Calarcá, una de las más activas en la Amazonía colombiana.
Tras el bombardeo inicial, las tropas se desplegaron en tierra para asegurar la zona y realizar las diligencias judiciales correspondientes. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, el objetivo era desarticular una estructura ilegal que operaba en la región con alta capacidad logística y armamentista. El Comando General divulgó material audiovisual como evidencia de la presencia armada en los campamentos, mientras que los cuerpos de los fallecidos fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal para establecer su identidad.
Menores de edad en el conflicto: una tragedia que se repite
El hallazgo más alarmante del operativo fue la muerte de tres menores de edad entre los integrantes de la estructura armada: dos de 15 años y uno de 16. El Ministerio de Defensa señaló, en un comunicado parafraseado por las autoridades, que el reclutamiento y el empleo de menores en hostilidades constituyen un crimen de guerra y una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Este hecho reabrió el debate nacional sobre la captación ilícita de niños y adolescentes por parte de grupos armados, un fenómeno que persiste en zonas de conflicto como el Guaviare. En respuesta, los ministerios de Justicia y Defensa anunciaron la creación de una mesa de trabajo con la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención, protección y sanción frente a esta práctica ilegal.
Arsenal incautado: minas, municiones y armas de guerra
Durante la inspección de los campamentos, las autoridades incautaron un impresionante arsenal que incluye 184 minas antipersonas, más de 29.000 municiones, 19 fusiles, 7 ametralladoras y 15 armas cortas, así como un mortero de 60 mm con 22 granadas para este tipo de pieza de artillería, ocho granadas de 40 mm, 174 proveedores y 20 granadas para dron. Además, se decomisó material de comunicaciones, lo que evidencia la capacidad operativa de la estructura disidente que operaba bajo el mando de alias Cotiz. Las autoridades no precisaron si este armamento estaba destinado a acciones específicas ni si hay otras operaciones en curso contra el grupo señalado.
El menor recuperado, cuya edad no fue precisada, quedó bajo custodia de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos. Las circunstancias en que habría llegado a la estructura armada no han sido reveladas. El Ministerio de Defensa aseguró que el operativo cumplió estrictamente con los parámetros legales previstos para ataques aéreos estratégicos, y que las diligencias judiciales continúan para esclarecer la totalidad de los hechos.
