La crisis financiera que atraviesan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia se ha convertido en una amenaza directa para la red de hospitales y clínicas del país. Así lo advirtió la Unión Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UNIPS), que reaccionó con alarma al informe de la Contraloría General de la República sobre el estado de las aseguradoras al cierre de 2025. Según el gremio, el deterioro ya no es un problema aislado sino estructural, y está poniendo en jaque el pago a proveedores, la disponibilidad de medicamentos y la sostenibilidad financiera de las IPS.
Jorge Toro, director de UNIPS, señaló en diálogo con Blu Radio que la situación es «supremamente preocupante» al evidenciar que apenas cuatro EPS cumplen integralmente con los requisitos financieros y de solvencia, concentrando tan solo el 1,24% de los afiliados. En contraste, el informe de la Contraloría reveló que 29,7 millones de colombianos, equivalentes al 56,68% de la población asegurada, se encuentran en EPS que están bajo intervención o sometidas a medidas especiales. De las 26 entidades que reportaron su información financiera, 17 registraron pérdidas operacionales. La cartera total de las EPS alcanzó los 58,06 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento del 26,5% frente a los 45,89 billones del año anterior; de ese monto, 47,9 billones corresponden a las EPS intervenidas o bajo medidas especiales.
Una deuda que asfixia a la red prestadora
La crisis golpea con especial fuerza a los operadores farmacéuticos, cuya deuda creció un 33,1%, pasando de 2,85 billones a 3,80 billones de pesos. Más allá de las cifras, Toro advirtió que la red prestadora de servicios de salud «continúa financiando el sistema al atender pacientes y prestar servicios que, en muchos casos, no son pagados oportunamente». Es decir, son las clínicas y hospitales quienes están soportando la falta de flujo de recursos de las EPS, lo que pone en riesgo el pago de nóminas a su personal, la compra de insumos y la entrega de medicamentos a los pacientes. Un caso especialmente crítico es el de la Nueva EPS, que concentra más del 20% de la población afiliada pero que, según el informe, carece de estados financieros certificados y dictaminados para el año 2025, lo que limita la evaluación real de su situación.
Frente a este panorama, UNIPS hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a la Superintendencia Nacional de Salud para que tomen medidas inmediatas. El gremio pidió acciones concretas para garantizar el flujo de recursos hacia las IPS, sanear las deudas acumuladas y fortalecer el seguimiento a las EPS intervenidas. En particular, la entidad se refirió a la reciente designación de agentes interventores en EPS como Famisanar y Coosalud, solicitando que estos procesos permitan destrabar los pagos pendientes con la red prestadora. Asimismo, instaron a la ADRES a agilizar los reconocimientos y pagos bajo su competencia, incluidos los relacionados con el SOAT y los accidentes de tránsito.
«Supremamente preocupante» que solo cuatro EPS cumplan los requisitos financieros.
Jorge Toro, director de UNIPS
La advertencia de UNIPS enciende las alarmas sobre el riesgo latente de que miles de pacientes puedan ver demorados o interrumpidos sus servicios de salud y la entrega de medicamentos. La situación es vista por el gremio como una crisis estructural que requiere una respuesta articulada y urgente de todos los actores del sistema para evitar un colapso generalizado en la atención hospitalaria de Colombia.
