El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, firmó dos resoluciones que marcan un punto de inflexión en el proceso de cierre de la entidad: la supresión de todos los viceministerios de la cartera y la adopción de un reglamento de contratación que limita cualquier nuevo vínculo económico exclusivamente a actividades necesarias para la liquidación. La información, revelada por Blu Radio, confirma que los cargos de viceministro de la Mujer, Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Poblaciones y Territorios Excluidos y Diversidades quedaron eliminados, al considerar que ya no son indispensables para la etapa actual del proceso.
La medida implica que los funcionarios que ocupaban esos puestos disponen de un plazo de 15 días para entregar todos los expedientes, documentos, claves de acceso e información institucional bajo su responsabilidad. Con la supresión de estos viceministerios, el Ministerio de la Igualdad deja de operar con la estructura diseñada para atender a poblaciones históricamente excluidas –mujeres, juventud, pueblos étnicos y campesinos, poblaciones y territorios excluidos y diversidades– y entra de lleno en una fase en la que su razón de ser ya no es la ejecución de políticas, sino el cierre administrativo.
Contratación restringida y fin de funciones misionales
Mediante la resolución que adopta el Reglamento de Contratación para la Liquidación, Rodríguez centralizó en su cargo la competencia para adelantar procesos de selección, suscribir contratos, ordenar el gasto y ejercer facultades excepcionales, sustituyendo el Manual de Contratación anterior. A partir de ahora, la entidad solo podrá contratar servicios estrictamente necesarios para la liquidación: representación judicial, avalúos, inventarios, saneamiento de activos, organización y transferencia de archivos, así como servicios de aseo, vigilancia, servicios públicos, arrendamiento y soporte tecnológico indispensable para el equipo liquidador.
Queda prohibido iniciar nuevos procesos de selección o suscribir contratos para desarrollar las funciones misionales del ministerio. Esto significa que no se podrán adelantar convenios ni contratos orientados al cumplimiento de los objetivos originales de la cartera, como programas de empoderamiento femenino, políticas de juventud o acciones afirmativas para pueblos étnicos y campesinos. El reto ahora es definir qué ocurrirá con los programas en ejecución, los archivos, las obligaciones pendientes, los contratos vigentes y, sobre todo, con las poblaciones que estaban bajo el alcance de la entidad.
«La contratación queda restringida a asuntos como representación judicial, avalúos, inventarios, saneamiento de activos, organización y transferencia de archivos, así como servicios de aseo, vigilancia, servicios públicos, arrendamiento y soporte tecnológico indispensable para el equipo liquidador.»
Resolución de adopción del Reglamento de Contratación para la Liquidación, Ministerio de la Igualdad
Con estas disposiciones, el liquidador Rodríguez asume el control total de la gestión contractual y administrativa, en un escenario donde la extinción de la entidad parece inevitable. Mientras tanto, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el vacío institucional que se abre para las poblaciones que el ministerio debía atender, y queda en el aire la pregunta sobre quién asumirá esas funciones una vez finalice el proceso liquidatorio.
