La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, lanzó una alerta contundente durante la presentación del estudio “Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa”: el país tiene hasta 2032 para tomar decisiones que eviten la pérdida de autonomía energética. Las reservas probadas actuales alcanzan para 7,4 años de petróleo y 5,9 años de gas, y el punto de quiebre definitivo, según Murgas, se ubica entre 2029 y 2032, con un límite de agotamiento hacia 2035 en cualquier escenario proyectado. El informe fue elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y RGL Consultor EU, con el respaldo del Comité Intergremial de Petróleo y Gas, y fue presentado por la propia Murgas junto a Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).
El panorama revela una caída sostenida de la producción: el petróleo se redujo un 27,3% desde 2015 y el gas un 31,8%. La exploración también se desplomó: los pozos exploratorios disminuyeron un 65,6% en la última década, y no se firma un nuevo contrato de exploración y producción desde agosto de 2022. A esto se suman los bloqueos a la operación petrolera, que en 2024 alcanzaron la cifra récord de 1.942 casos en diez años. La combinación de estos factores, advierten los gremios, está llevando al país a una dependencia creciente de importaciones: se proyecta que para 2035 el 65% del gas consumido en Colombia tendrá que venir del exterior, y hacia 2045 más del 90% del petróleo.
“El punto de quiebre definitivo está entre los años 2029 y 2032, porque las reservas probadas actuales llegarán a su límite hacia 2035, en cualquiera de los escenarios que hemos planteado”.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas
El estudio también dimensiona el impacto fiscal de la situación. En un escenario de reactivación de la exploración y producción, el sector podría aportar 695 billones de pesos entre 2025 y 2050, contando regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol. En contraste, si no se toman medidas, ese aporte se reduciría a solo 162 billones, una diferencia de 533 billones de pesos en un momento en que el déficit fiscal del país alcanzó el 6,7% del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1% para 2025, según el FMI. Para estabilizar la deuda, el ajuste fiscal necesario ronda los 70 billones de pesos. Frank Pearl, presidente de la ACP, fue enfático: “En el escenario en que se toman en conjunto las medidas de política pública para que este sector vuelva a hacer sísmica, a explorar y a producir, tendremos como país 695 billones de pesos adicionales que hoy no tenemos”.
Frente a este diagnóstico, los gremios proponen una agenda de siete frentes de acción: reactivar los contratos de exploración y producción, agilizar los proyectos de gas natural y costa afuera, y avanzar con rigor técnico en yacimientos no convencionales. Sostienen que la transición energética y el desarrollo de hidrocarburos pueden avanzar simultáneamente si existe una hoja de ruta clara. La ventana para actuar, insisten, es de apenas tres años, y lo que se decida ahora definirá si Colombia conserva su autonomía energética o termina pagando costos fiscales y sociales cada vez más altos.
