En un hecho que ha consternado al suroccidente colombiano, los líderes sociales James Flor y María Ovidia Palechor fueron asesinados a tiros en la madrugada del 1 de septiembre de 2026, dentro de su vivienda en el corregimiento La Pedregosa, zona rural de Cajibío, en el departamento del Cauca. La violencia irrumpió en el hogar de la pareja cuando hombres armados ingresaron y dispararon de forma indiscriminada, segando la vida de quienes, según el expresidente Gustavo Petro, eran sus “amigos personales” y pilares de la defensa de los derechos humanos en la región.
James Flor era integrante de la Mesa de Víctimas de Cajibío y militante del Pacto Histórico, mientras que María Ovidia Palechor, lideresa indígena vinculada al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y defensora de derechos humanos, también militaba en el Pacto Histórico y en el movimiento Vamos por los Derechos. Ambos desarrollaban labores comunitarias enfocadas en el bienestar y desarrollo social de sus comunidades. Tras el crimen, las reacciones de altas figuras políticas no se hicieron esperar. El senador Iván Cepeda expresó sus condolencias, afirmando que ambos “defendieron los derechos de su pueblo”, y la representante a la Cámara Aida Quilcué, al referirse a María Palechor, recordó que “fue una mujer de lucha”.
Reacciones del expresidente y demanda internacional
El expresidente Gustavo Petro se pronunció de manera contundente a través de su cuenta en X, donde denunció lo que calificó como un “nuevo paramilitarismo”. En su declaración, Petro anunció que interpondrá una denuncia contra el presidente Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional. “Debo advertirle a Abelardo, que antes de dejar ser presidente deje una denuncia contra el por la perseguido contra un grupo civil con identidad política, delito de lesa humanidad. Bajo mis derechos como presidente y bajo la ley colombiana que es el estatuto de roma, la denuncia se interpuso en la Corte Penal Internacional”, escribió el exmandatario en medio de la controversia.
«Exigimos justicia y garantías para quienes siguen defendiendo la vida en los territorios»
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en X
Cifras y contexto de violencia en la región
El doble homicidio elevó a 103 la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026, según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La organización señaló que este crimen se produce en un contexto de violencia arraigada en la zona, donde opera la estructura disidente Frente Jaime Martínez, además del tránsito de los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, del Bloque Occidental, y bandas criminales locales. La Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana 007 de 2023 y el informe de seguimiento 008 de 2026, que advertían explícitamente sobre los riesgos para líderes sociales en Cajibío, sin que las medidas preventivas hubieran logrado evitar la tragedia.
La representante Aida Quilcué hizo un llamado para que el asesinato de James Flor y María Ovidia Palechor no sea visto como un episodio aislado, sino como parte de un presunto intento de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas del Cauca. En la misma línea, el senador Iván Cepeda cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella, señalando que desde el poder se ha “debilitado a las organizaciones indígenas y sus territorios”, un contexto que, según los congresistas, facilita la perpetuación de estos crímenes. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían reportado capturas ni la identidad de los responsables materiales e intelectuales del doble homicidio, mientras los líderes políticos exigen una investigación exhaustiva.
