La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de formulación de imputación contra Laura Camila Sarabia Torres, quien se desempeñó como jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La investigación gira en torno a los hechos ocurridos entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando presuntamente Sarabia ordenó que su niñera, Marelbys Meza, fuera sometida a una prueba de polígrafo en la Casa Galán, sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño en Bogotá. La audiencia fue programada por el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para el 14 de septiembre de 2026 a las 9:00 de la mañana.
El caso se originó tras la pérdida de una maleta que, según Sarabia, contenía documentos de Estado y 7.000 dólares en efectivo en su apartamento. La entonces funcionaria atribuyó el hecho a un hurto que fue tratado como un asunto de seguridad nacional, pero la investigación fiscal determinó que la orden de someter a Meza a la prueba de detección de mentiras habría sido una instrucción directa de Sarabia, en lugar de una decisión autónoma de su esquema de seguridad. La defensa de la exjefa de Gabinete, liderada por el abogado Mario Iguarán, intentó una salida restaurativa que incluía el reconocimiento de los hechos, una reparación simbólica y una compensación económica para la exniñera, pero este mecanismo fracasó.
El testimonio que cambió el rumbo del proceso
El fracaso de la justicia restaurativa se debió principalmente a dos factores: la declaración bajo juramento del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien firmó un principio de oportunidad el 2 de julio de 2026, y la petición de Fabiola Perea, exempleada doméstica de Sarabia, para ser reconocida como víctima. Mojica, quien formaba parte del esquema de seguridad de Sarabia, se comprometió a declarar que fue la propia funcionaria quien dio la instrucción directa para realizar el polígrafo. Por su parte, Perea denunció presuntas interceptaciones ilegales y un allanamiento sin orden judicial en su vivienda, hechos que la llevaron a solicitar su inclusión en el proceso como víctima. Ambos elementos modificaron el escenario procesal y llevaron a la Fiscalía a solicitar la audiencia de imputación.
«Sarabia señaló que solo sus abogados se referirán a las decisiones judiciales de su caso»
Reporte de Infobae Colombia
En enero de 2024, Sarabia negó públicamente haber ordenado el polígrafo, afirmando que la decisión correspondió a su esquema de seguridad, pero las pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan en otra dirección. El caso se convirtió en uno de los escándalos más recordados del gobierno de Gustavo Petro, no solo por la presión ejercida sobre una trabajadora doméstica, sino también por el uso de instalaciones de inteligencia para un procedimiento que, según la defensa de Meza, constituye un abuso de autoridad. La defensa de Sarabia ha manifestado disposición a comparecer ante la justicia. Cabe señalar que la audiencia de formulación de imputación no implica una condena, sino que permite a la exfuncionaria ejercer su derecho a la defensa en el marco del proceso penal.
