El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, radicó este 1 de septiembre de 2026 un proyecto de ley que busca imponer penas de prisión y multas a los manifestantes que utilicen capuchas para ocultar su identidad durante actos vandálicos. La iniciativa, presentada ante el Congreso de la República junto con otros congresistas de su colectividad, entre ellos Julio César Triana como coautor, propone modificar el ordenamiento penal colombiano para crear un tipo penal específico que castigue el ocultamiento de identidad cuando este sea empleado para cometer hechos violentos en el marco de protestas.
El articulado del proyecto establece una pena de prisión de 54 a 96 meses, equivalente a entre 4 años y medio y 8 años de cárcel, además de una multa que oscila entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La propuesta contempla un endurecimiento significativo de las condenas, que se incrementarían en dos terceras partes si durante los actos vandálicos se emplean artefactos peligrosos, explosivos o sustancias corrosivas. De igual forma, la iniciativa aborda la problemática de los bloqueos de vías, elevando la pena propuesta de 2 a 4 años que existía anteriormente a un rango de 4 a 8 años, con el agravante de que este delito ya no sería excarcelable.
Endurecimiento contra bloqueos y amenazas del ELN
El congresista Julio César Triana explicó que la ley busca llenar un vacío jurídico que actualmente permite la excarcelación rápida de quienes obstaculizan las vías. “Terminaban con excarcelación. Una sola audiencia y se fueron”, señaló Triana, quien destacó que con la nueva propuesta “extendemos ya de cuatro a ocho años y, por tanto, este delito no volverá a ser excarcelable”. El coautor de la iniciativa agregó que el proyecto “da unas definiciones que le van a permitir al intérprete o al operador jurídico hacer más viable la aplicación de la norma” y que el objetivo central es “crear un tipo penal en Colombia” para que “el ocultamiento de la identidad, cuando ese ocultamiento es utilizado para actos vandálicos” tenga consecuencias penales más severas.
La radicación del proyecto se produjo en medio de un clima de tensión para el representante Arizabaleta, quien denunció haber sido amenazado y perfilado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por impulsar esta ley. La alerta surgió tras la difusión de un panfleto en la Universidad de Antioquia, atribuido a la agrupación FUR, vinculada al ELN, en el que aparecía el nombre del congresista. “Más que un perfilamiento, yo considero que es una amenaza, porque si se leen las últimas líneas de esa columna, hablan de tomar acciones y, pues, digamos que es una organización que se dedica a matar”, afirmó Arizabaleta, quien señaló que el calendario legislativo entra en una etapa decisiva para la propuesta.
«Más que un perfilamiento, yo considero que es una amenaza, porque si se leen las últimas líneas de esa columna, hablan de tomar acciones y, pues, digamos que es una organización que se dedica a matar».
Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara por el Centro Democrático
El proyecto también establece sanciones para quienes inciten, dirijan, constriñan o proporcionen recursos para obstaculizar vías de infraestructura o transporte que afecten la humanidad, la salud pública o la seguridad alimentaria. En esos casos, la pena de prisión sería de 54 a 96 meses, acompañada de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Con esta iniciativa, el Centro Democrático busca enviar un mensaje contundente contra la impunidad en las protestas violentas, mientras el representante Arizabaleta enfrenta las consecuencias de impulsar una ley que, según advierte, ya le ha costado amenazas directas por parte de grupos armados ilegales.
