Expertos en derecho internacional y justicia transicional advierten que el eventual desmonte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una hipotética retirada de Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) no extinguirían la competencia de este tribunal sobre crímenes cometidos mientras el país estuvo bajo el Estatuto de Roma. Por el contrario, esa decisión podría trasladar casos centrales del conflicto armado a la jurisdicción internacional, lo que representaría un grave riesgo para los derechos de las víctimas. Las declaraciones fueron realizadas por el jurista alemán Claus Kreß, director del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y la Seguridad de la Universidad de Colonia; la abogada e investigadora Juliana Bustamante; la investigadora posdoctoral Isabel Güiza-Gómez, del Center for Inter-American Policy and Research de la Universidad de Tulane; y Luz Marina Monzón, exdirectora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd). El debate surge a raíz de versiones no confirmadas sobre una eventual salida de Colombia de la CPI, que habría sido impulsada desde el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Colombia firmó el Estatuto de Roma en 1998, reformó su Constitución en 2001, aprobó el tratado mediante la Ley 742 de 2002 y lo ratificó ese mismo año, aunque con una salvedad de siete años para determinadas disposiciones, que entró en plena vigencia en 2009. La pertenencia al Estatuto de Roma forma parte de la Constitución por tratarse de un tratado de derechos humanos, por lo que una eventual retirada requeriría debates en comisiones y plenarios de ambas cámaras del Congreso, además de la notificación escrita ante la CPI. De acuerdo con Bustamante, el proceso de retiro implicaría enviar una nota diplomática a la Organización de las Naciones Unidas y la salida tendría efecto después de un año de notificada. Mientras tanto, la CPI mantendría competencia sobre los hechos ocurridos durante la vigencia del tratado. En el país, más de 136.000 personas se encuentran registradas como desaparecidas hasta el 1 de diciembre de 2016, según datos de la Ubpd.
Las advertencias de los expertos
Claus Kreß, quien habló como un observador externo, afirmó que la justicia transicional colombiana es uno de los sistemas más prometedores del mundo. “Desde afuera, la justicia transicional es uno, sino el más interesante y prometedor sistema que conocemos en el mundo”, señaló. Agregó que muchos observadores legales y políticos han seguido de cerca y con esperanza este proyecto, y que nadie esperaba un éxito tan grande de un proceso que es bastante largo. No obstante, Kreß subrayó que la decisión sobre la continuidad o el desmonte de ese modelo corresponde exclusivamente a Colombia, a los colombianos y a sus organismos. Por su parte, Juliana Bustamante recordó que la Corte Internacional de Justicia juzga Estados, mientras que la Corte Penal Internacional juzga individuos, e hizo un llamado a no caer en discursos que rechacen los consensos internacionales. “No caigamos en un discurso de rechazar los consensos internacionales”, afirmó la abogada e investigadora.
“Desde afuera, la justicia transicional es uno, sino el más interesante y prometedor sistema que conocemos en el mundo”
Claus Kreß, jurista alemán
La investigadora Isabel Güiza-Gómez advirtió que una eventual salida de Colombia de la CPI representaría “un gran revés” para las víctimas y que casos como los falsos positivos volverían a la impunidad. Según explicó, durante la negociación del Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas Farc-EP, hubo controversias sobre puntos que podían chocar con el Estatuto de Roma, y estudios posteriores mostraron cierta influencia de la Corte en los contenidos del acuerdo. Güiza-Gómez calificó una eventual retirada como una señal de “erosión democrática” en Colombia, que podría abrir la puerta a decisiones similares en otros países de América Latina. Por su lado, Luz Marina Monzón indicó que un intento de desvinculación de la CPI no produciría efectos inmediatos ni detendría por sí mismo el funcionamiento de la JEP, pero sí podría debilitar ambas instituciones.
Cabe recordar que la JEP fue creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad vinculados al conflicto armado. En 2021, la Fiscalía de la CPI cerró su examen preliminar sobre Colombia al considerar que la JEP realizaba un trabajo serio, aunque mantuvo la cooperación con esa jurisdicción. Ahora, en medio de versiones no confirmadas sobre una posible salida del país del Estatuto de Roma, los expertos insisten en que desmontar la justicia transicional sin evaluar las consecuencias para las víctimas y para el derecho internacional podría generar un retroceso histórico en la lucha contra la impunidad.
