La Fiscalía General de la Nación determinó que el atentado que acabó con la vida del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ocurrido el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá, fue un trágico error de identidad. Según las investigaciones, el verdadero objetivo del ataque sicarial era el empresario del sector minero energético Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, quien ha liderado proyectos de formalización minera en el sur del departamento de Bolívar desde 2018. El atentado se ejecutó en las inmediaciones de un gimnasio en el exclusivo sector de La Cabrera, y desde entonces las autoridades venían recopilando pruebas que apuntaban a una confusión en la selección de la víctima.
La hipótesis del error fue confirmada por el abogado de la familia Aponte, Mario Iguarán, quien aseguró que está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que los sicarios, pertenecientes a una organización criminal, pretendían asesinar a Olimpo Oliver Peñaranda. En un comunicado oficial, la Fiscalía señaló que los elementos materiales probatorios recopilados en una articulación entre las direcciones seccionales de Bogotá y de Cundinamarca indican que el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano, pero se ejecutó contra la víctima equivocada. Este error, según el ente acusador, costó la vida al empresario arrocero y a su escolta, mientras que el objetivo real, Oliver Peñaranda, continúa bajo amenazas.
Una deuda que se saldó con sangre equivocada
La Fiscalía sostiene que el móvil del ataque fue el cobro de una deuda, aunque el empresario Oliver Peñaranda ha vinculado las amenazas en su contra con su labor de formalización de mineros ilegales en el sur de Bolívar. En un comunicado difundido por su oficina, Oliver explicó que desde 2020 acudió a las autoridades para impulsar acciones contundentes contra la minería ilegal, operaciones que fueron exitosas y se convirtieron en un ejemplo de reconversión hacia una minería amigable con el medio ambiente y socialmente responsable. Como consecuencia, las amenazas de grupos al margen de la ley, incluyendo disidencias de las Farc y el ELN, no se hicieron esperar. El proyecto de formalización minera, iniciado en 2018, ha logrado incorporar a cerca de mil mineros a una actividad legal, afectando directamente las finanzas ilícitas de esas organizaciones criminales.
«Está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendía era asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda».
Mario Iguarán, abogado de la familia de Gustavo Aponte
Tras el atentado, las autoridades avanzaron en la judicialización de los responsables. Leonel Enrique Llanos Paternina, señalado de coordinar la logística del crimen, fue capturado en Villavicencio, Meta, y ahora enfrenta cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas. Por otro lado, Onori José Yabier Mendoza Viña fue judicializado como presunto responsable del asesinato de la persona que facilitó la huida del sicario, ocurrido el 30 de mayo en el municipio de Tibiritá, Cundinamarca. A este último también se le imputa hurto calificado. La investigación continúa abierta para dar con todos los miembros de la organización criminal que perpetró el ataque, mientras la familia de Gustavo Aponte clama justicia ante lo que califican como un error que les arrebató a un ser querido.
