La exsenadora María José Pizarro y el exsecretario jurídico de Presidencia Augusto Ocampo radicaron un derecho de petición de casi once páginas dirigido al presidente Abelardo de la Espriella, en el que exigen información verificable sobre cambios en la política exterior colombiana y eventuales operaciones militares extranjeras en el territorio nacional. El documento, presentado al despacho presidencial, invoca el artículo 23 de la Constitución y la Ley 1755 de 2015 para solicitar una respuesta “completa, verificable y documentada” sobre tres asuntos concretos que han generado incertidumbre en la opinión pública.
Los firmantes, pertenecientes al proyecto político del expresidente Gustavo Petro, advierten que los ciudadanos se han enterado de decisiones de política exterior a través de declaraciones de autoridades extranjeras o medios de comunicación, sin que exista una fuente oficial que las confirme o desmienta. “No formulamos esta petición como un ejercicio retórico ni como una confrontación partidista. La presentamos como ciudadanos. Como colombianos”, señalan Pizarro y Ocampo en el escrito, dejando claro que su intención no es política sino de exigencia de transparencia.
Los tres ejes del derecho de petición
El derecho de petición aborda tres puntos específicos que han circulado en medios no oficiales: el posible retiro de Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un cambio en la posición frente a Israel que incluiría el reconocimiento de los Altos del Golán, Marruecos y el Sáhara Occidental, y los anuncios de autoridades extranjeras sobre operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en Colombia, en particular la vinculación a la Coalición contra los Cárteles de las Américas, también conocida como Escudo de las Américas. “Si esas informaciones son inexactas, el país tiene derecho a que usted las desmienta. Si son ciertas, Colombia tiene derecho a conocerlas en su totalidad”, plantean los peticionarios.
En el documento, de casi once páginas, los firmantes enfatizan que cooperar internacionalmente es legítimo y necesario, pero trazan una línea roja: “Cooperar no significa subordinarse”. Con una frase que se repite a lo largo del texto, advierten: “Colombia no es una colonia. No lo fue después de conquistar su independencia y no puede convertirse ahora en un territorio sobre el cual otros Estados anuncian operaciones, establezcan objetivos o comuniquen decisiones adoptadas sin la consulta ni los propios colombianos”.
“Colombia no abandonó un virreinato para someterse a otro. La Constitución no se negocia.”
María José Pizarro y Augusto Ocampo, firmantes del derecho de petición
Los peticionarios insisten en que mantener alianzas no implica renunciar a la autonomía y rechazan cualquier “autorización abierta” para que potencias extranjeras ejerzan facultades reservadas al Estado colombiano, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El contexto de esta solicitud es la reciente reactivación del canal diplomático entre el gobierno de De la Espriella con Israel y Estados Unidos, lo que ha generado especulaciones sobre un giro en la política exterior del país. La exigencia de Pizarro y Ocampo busca precisamente que sea el propio presidente quien aclare, con documentos y fuentes oficiales, cuál es la verdadera posición de Colombia en el escenario internacional.
