La Fiscalía General de Colombia solicitó ante un juez de control de garantías la imputación de Laura Camila Sarabia, exjefa de gabinete, exdirectora del Dapre y exembajadora en Reino Unido durante el gobierno de Gustavo Petro, por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La solicitud se sustenta en el testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica, jefe de Hurto a Residencias de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien la señala como la persona que ordenó someter a una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, su empleada de servicio. La audiencia para formalizar la imputación fue programada para el lunes 14 de septiembre, y la exfuncionaria deberá comparecer ante el juez para responder por las acusaciones.
Los hechos ocurrieron entre el 27 y el 29 de enero de 2023 en el apartamento de Laura Sarabia en Bogotá. Según el documento judicial de la Fiscalía, Sarabia se comunicó telefónicamente con el coronel Feria para darle la instrucción de realizar el cambio de su esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a Marelbys Meza, su empleada. El 29 de enero, el capitán Mojica acudió al apartamento y posteriormente Meza fue trasladada a dependencias oficiales, donde se le aplicó la prueba de polígrafo bajo presión. El caso se originó por el presunto hurto de una maleta con documentación y dinero en la vivienda, y la prueba ordenada habría empleado recursos estatales destinados a funciones distintas.
El testimonio clave y la justicia restaurativa
El testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica, quien fue habilitado como testigo tras acogerse a un principio de oportunidad, es la pieza central de la acusación. En el expediente, la Fiscalía sostiene que «en llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio». Además, el documento judicial añade que «el testimonio de Óscar Leandro Mojica permitirá dar cuenta de que fue la señora Laura Camila Sarabia quien dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza». Este caso ya ha dejado consecuencias en la Policía: cuatro uniformados fueron condenados en primera instancia por los hechos relacionados con las interceptaciones telefónicas e interrogatorios ilegales a Meza.
«En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio»
Fiscalía General de Colombia, documento judicial citado en el expediente
La defensa de Sarabia, encabezada por los abogados Mauricio Pava y Mario Iguarán, intentó cerrar el caso mediante justicia restaurativa, proponiendo una compensación económica para la víctima. Sin embargo, la propuesta fue rechazada tanto por Marelbys Meza como por la Fiscalía, que consideraron que no se cumplían las condiciones para aplicar este mecanismo alternativo. El abogado penalista Óscar Santamaría Puerta explicó que «la justicia restaurativa es una forma de no llevar un proceso penal al juicio, sino de darle una terminación por medio de mecanismos alternativos como la reparación, la indemnización o las excusas públicas, entre otros». En este caso, se reportaron cinco oportunidades de propuesta restaurativa según las fuentes citadas, pero ninguna prosperó.
El expediente pasó por la unidad anticorrupción y la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y ahora la Fiscalía ha radicado formalmente la solicitud de imputación. Con la audiencia programada para el 14 de septiembre, Laura Sarabia se enfrenta a la posibilidad de ser vinculada formalmente al proceso penal, lo que podría llevar a un juicio si el juez acepta los cargos. El caso sigue generando repercusiones políticas y judiciales, al tratarse de una exfuncionaria de alto rango del gobierno Petro señalada por abusar de su posición para someter a una empleada a pruebas degradantes con recursos públicos.
