En medio de un escándalo que ha conmocionado a Santander, el diputado del Partido Conservador Orlando Niño Mateus fue denunciado por presunto abuso sexual contra una menor de 14 años, ocurrido en septiembre de 2025 durante un evento partidista en el municipio de Girón. La investigación preliminar, que fue abierta en octubre de ese mismo año por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños de la Fiscalía, fue archivada en febrero de 2026 por falta de elementos para probar el acceso carnal violento, según determinó la fiscal Magda Clarena Murillo. La menor, identificada bajo el nombre protegido de Mariana, relató que despertó con el diputado encima de ella, con los pantalones abajo, y que él pronunció las palabras «No, otro día, otro día» antes de retirarse de la habitación del Hotel San Juan Internacional.
Los hechos ocurrieron durante un encuentro del Partido Conservador con aspirantes a los Consejos de Juventudes de Santander, en el que la agrupación política cubrió los traslados y el hospedaje de los participantes. Según el relato de Mariana, durante la reunión consumió aguardiente en una habitación del hotel: las botellas fueron pagadas por el diputado, según declararon dos testigos. La menor perdió parcialmente la conciencia y una coordinadora del evento la encontró en estado de embriaguez, la llevó a una habitación de mujeres y cerró la puerta con llave antes de irse a dormir a otro lugar. Posteriormente, Mariana recibió una llamada de Niño Mateus, se durmió y, al despertar, se encontró con el diputado sobre ella, sin poder moverse. «Yo abría los ojos, pero no me podía mover. O sea, yo sentía todo el cuerpo como cuando a uno le da una parálisis del sueño», declaró la menor en la entrevista forense.
«Tengo muy poquitos recuerdos de eso, me sentía muy mal, yo me sentía super borracha, no me podía ni parar»
Mariana*, menor denunciante
Las razones del archivo y la lucha por la justicia
La Fiscalía archivó el caso argumentando que la cantidad de alcohol referida por la menor era reducida y que no se pudo probar que hubiera existido violencia, coacción ni aprovechamiento de su embriaguez. Además, la menor inicialmente no reveló el nombre del agresor en la entrevista forense por temor. «No quería meter a alguien a la cárcel», dijo Mariana, según quedó registrado en la bitácora de la entrevista, donde se lee que la menor declaró «que no podría vivir tranquila si llegara a causar un perjuicio que pudiera llevar a esa persona a enfrentar consecuencias penales». La defensa de la menor sostiene que esa versión inicial fue producto del miedo y que posteriormente rectificó su testimonio, pero la Fiscalía no incorporó al análisis los chats que la menor envió a sus familiares en los días posteriores al abuso, en los que expresaba sentirse «violada» y «jarta».
La investigación se enfrentó a serias dificultades probatorias. La menor recibió atención médica siete días después de los hechos, en el hospital de Moniquirá, donde se descartó embarazo e infecciones de transmisión sexual, y la atención fue clasificada como «código verde», es decir, de menor urgencia. El hotel conservaba grabaciones de seguridad solo por 15 días, por lo que para cuando la Fiscalía las solicitó, ya no estaban disponibles. Tampoco se logró entrevistar a la recepcionista del hotel, quien había renunciado, ni a los demás asistentes a la reunión. La familia de la menor solicitó reabrir el caso, cambiar de fiscal y tomar nuevas declaraciones, pero todas las peticiones fueron rechazadas. Mientras tanto, la menor inició controles ginecológicos y atención psiquiátrica, y le fue diagnosticado trastorno de ansiedad, por el que continúa medicada.
Por su parte, el diputado Orlando Niño Mateus ha afirmado que desconoce la existencia de la investigación penal y que atenderá cualquier requerimiento de autoridad competente. En declaraciones a la revista Cambio el 1 de septiembre de 2025, dijo: «No considero responsable pronunciarme sobre hechos, versiones o circunstancias que desconozco procesalmente». Sin embargo, el caso ha desatado un intenso debate sobre la protección de las víctimas de abuso sexual en el ámbito político y la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación para que hechos como este no queden impunes. La denuncia, que permanece archivada, deja abierta la posibilidad de que nuevas evidencias permitan reabrir un proceso que, por ahora, solo ha dejado a una menor lidiando con las secuelas emocionales de una noche que marcó su vida.
