El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural inició formalmente el proceso de derogatoria de cinco resoluciones mediante las cuales se crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en los municipios de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en la Sabana de Bogotá, Cundinamarca. La medida, que afecta un total de 15.800 hectáreas, fue adoptada por falta de sustento técnico suficiente en la delimitación de estos territorios, según argumentó la cartera en un proyecto de resolución publicado para recibir observaciones hasta el próximo 16 de septiembre a través de la plataforma Sucop. Las resoluciones que se pretenden derogar fueron expedidas entre 2025 y 2026: se trata de las resoluciones 000626 del 13 de agosto de 2025 (Sopó), 000393 del 14 de noviembre de 2025 (Nemocón), 000115 del 15 de abril de 2026 (Cogua), 000153 del 12 de junio de 2026 (Tenjo) y 000218 del 7 de julio de 2026 (Tabio).
Las Appa fueron una herramienta clave de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, diseñada para proteger suelos de alta calidad cercanos a centros urbanos y garantizar la seguridad alimentaria del país. En las zonas declaradas como tales solo se permitían actividades agropecuarias reconocidas por el Gobierno nacional, mientras que quedaban restringidos usos como hoteles, viviendas, vías, minería e industria, lo que generó choques con sectores económicos que veían limitado el desarrollo rural. De acuerdo con el Ministerio, las restricciones sobre el uso del suelo no se sustentaron en información completa ni en una evaluación técnica suficiente; se detectó falta de precisión, coherencia y representatividad en las delimitaciones, y se empleó información preliminar en lugar de datos definitivos.
Falta de sustento técnico y régimen de transición
El proyecto de resolución que ordena la derogatoria expresa de los cinco actos administrativos establece un régimen de transición que obliga a resolver las actuaciones en curso conforme al ordenamiento vigente, y da un plazo de diez días hábiles para que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y las dependencias del ministerio actualicen los visores geográficos, capas cartográficas y sistemas de información. La decisión señala que conservar los actos mientras se modifican sus componentes estructurales prolongaría efectos obligatorios sobre delimitaciones cuya justificación técnica está comprometida. No obstante, el ministerio aclara que la derogatoria no constituye un pronunciamiento sobre la validez original de los actos derogados ni sobre las situaciones jurídicas consolidadas, y que no modifica los instrumentos de planeamiento territorial ni los actos válidamente adoptados durante la vigencia de las resoluciones.
“La producción de alimentos está en riesgo”
Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria
La Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria, organización que agrupa a sectores campesinos y productores, alertó que la medida “dejaría sin esta protección 15.800 hectáreas de suelo destinado a la producción de alimentos”. En un comunicado publicado en redes sociales, la red convocó a organizaciones campesinas, productores, gremios y ciudadanos a presentar observaciones al proyecto de resolución antes del 16 de septiembre, con el fin de evitar que se debilite la protección de suelos estratégicos para la seguridad alimentaria. La organización recordó que en distintas regiones del país se declararon 197 mil hectáreas como Appa durante el actual gobierno, incluyendo áreas en Antioquia y La Guajira.
Frente a las críticas, el Ministerio de Agricultura ha señalado que la derogatoria no elimina el deber constitucional de proteger la producción de alimentos, y que siguen vigentes otros instrumentos como el Decreto 1544 de 2025, la Ley 388 de 1997, las determinantes ambientales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y los planes de ordenamiento territorial municipales. La cartera insiste en que se trata de un ajuste técnico necesario para corregir delimitaciones que no contaban con el respaldo suficiente, y que la decisión busca evitar la prolongación de efectos obligatorios sobre áreas cuya justificación está comprometida. Mientras tanto, la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria continúa su campaña para que los ciudadanos y organizaciones hagan llegar sus observaciones antes del cierre de la consulta pública.
