La Fiscalía General de la Nación solicitó un segundo aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra cinco personas, entre ellas funcionarios de la Nueva EPS, por la muerte del menor Kevin Acosta, quien falleció tras no recibir el tratamiento adecuado para su hemofilia. La diligencia, que estaba prevista para el miércoles 2 de septiembre de 2026, fue suspendida a petición del ente acusador, que argumentó razones de salud de algunos de los involucrados. El proceso judicial busca establecer responsabilidades por homicidio culposo contra Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de Nueva EPS; Nelson Ramírez Plazas, médico hematólogo; Jessika Paola Triana y Diana Marcela Caballero Arias, funcionarias administrativas; y Efret Enrique Morales Murgas, auditor de concurrencia. La nueva fecha para la audiencia aún está por definirse, mientras el caso sigue generando expectativa en el país.
Kevin Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia A severa, permaneció casi dos meses sin recibir emicizumab, un medicamento esencial para controlar su enfermedad. La suspensión del servicio de la IPS Medicarte el 1 de enero de 2026, por falta de contrato con Nueva EPS, interrumpió el acceso regular a los fármacos que requería. El menor, que recibía tratamiento en su domicilio en el departamento del Huila, había solicitado traslado de cobertura a Santander antes de sufrir una caída de bicicleta el 8 de febrero. Fue ingresado en el hospital de Pitalito, donde según la Fiscalía no había factores de coagulación disponibles, y posteriormente trasladado al Hospital de la Misericordia en Bogotá, donde falleció el 13 de febrero.
La investigación fiscal reveló que Nueva EPS dejó de pagar más de 53.180 millones de pesos a la IPS Medicarte, lo que habría afectado la continuidad de los tratamientos. En su solicitud de aplazamiento, la Fiscalía sostuvo que el suministro oportuno del medicamento pudo haber evitado el desenlace fatal. La cita textual de la Fiscalía, contenida en el expediente, señala que «el suministro oportuno del medicamento el 12 de enero, durante la consulta del 27 de enero o la entrega del factor de coagulación tras el accidente del 8 de febrero pudo haber mantenido el riesgo de sangrado dentro de lo jurídicamente permitido».
«El suministro oportuno del medicamento el 12 de enero, durante la consulta del 27 de enero o la entrega del factor de coagulación tras el accidente del 8 de febrero pudo haber mantenido el riesgo de sangrado dentro de lo jurídicamente permitido»
Fiscalía General de la Nación
La familia de Kevin Acosta presentó una acción judicial contra el Estado colombiano y reclama una compensación económica inicial superior a 1.800 millones de pesos, con posibilidad de reducción hasta 923,26 millones mediante conciliación extrajudicial. El expediente incluye además una compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para evaluar posibles responsabilidades del presidente Gustavo Petro en el caso. La Procuraduría General de la Nación atribuyó el fallecimiento a omisiones de la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra bajo intervención estatal, y destacó deficiencias en la atención médica que contribuyeron al trágico desenlace.
