El abogado Sergio Clavijo, defensor de una ciudadana taiwanesa detenida en Colombia desde septiembre de 2025 por una solicitud de extradición de Argentina, denunció graves demoras en el proceso de extradición simplificada al que su clienta se acogió voluntariamente. Clavijo solicitó celeridad a las autoridades colombianas, argumentando que la mujer es víctima de una estafa por parte de personas que le ofrecieron ayuda legal y que la prórroga en el trámite vulnera sus derechos fundamentales. La defensa estima que la detención preventiva se extenderá por casi un año, lo que considera desproporcionado e injusto para alguien que aún no ha sido vencida en juicio.
Los plazos legales y la mora judicial
La ciudadana taiwanesa fue capturada en Colombia en septiembre de 2025 mediante una circular roja de Interpol solicitada por Argentina, que la investiga por presuntos delitos de uso de documento público falso y encubrimiento agravado por ánimo de lucro. En octubre de ese mismo año, la mujer aceptó acogerse al procedimiento de extradición simplificada, establecido en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, que busca agilizar el trámite. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, que debía emitir su concepto en un plazo legal de 20 días, tardó seis meses en hacerlo, hasta el 29 de abril de 2026. “Seis meses cuando una persona pidió celeridad y la ley la ordena no se traduce en plazo razonable, es mora judicial”, afirmó Clavijo, quien calificó la demora como una violación del derecho a un plazo razonable. El Gobierno colombiano, mediante la Resolución Ejecutiva 226 del 10 de junio de 2026, autorizó la extradición, pero condicionó la entrega a que Argentina otorgue garantías diplomáticas de que la mujer no será sometida a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, destierro, cadena perpetua ni confiscación. No obstante, el Ministerio de Justicia no remitió esas garantías a la Cancillería sino hasta el 24 de agosto de 2026, casi tres meses después de la autorización.
“No estoy pidiendo que la dejen en libertad. Estoy pidiendo celeridad para una persona inocente”
Sergio Clavijo, abogado defensor
Clavijo subrayó que su clienta fue engañada por personas que se ofrecieron a ayudarla legalmente y que la detención preventiva, lejos de ser una pena anticipada, debería ser una medida excepcional para evitar la fuga. “La detención preventiva no es una pena anticipada. Es una medida excepcional, para que la persona no se fugue y el proceso pueda adelantarse”, explicó. La defensa sostiene que los cargos imputados –falsedad marcaria, uso de documento falso y receptación– podrían resultar en una pena no privativa de la libertad en Argentina, lo que hace aún más desproporcionada la prolongada detención en Colombia. “Las deficiencias administrativas en el gobierno saliente y la falta de empalme no pueden convertirse en una pena anticipada para una persona que no ha sido vencida en juicio”, agregó el abogado. La mujer, que habría salido de Taiwán para alejarse de una situación de violencia de pareja, no tiene familiares ni red de apoyo en Colombia, por lo que Clavijo tomó el caso de manera pro bono.
La defensa prepara una acción de tutela para reclamar los derechos constitucionales vulnerados y ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación que investigue posibles responsabilidades disciplinarias en el trámite. Asimismo, Clavijo citó el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, que establece que la prisión preventiva no puede ser desproporcionada ni extenderse más allá de lo razonable. “Casi un año presa, en un país ajeno, sin red familiar, cuando ella misma pidió el trámite más rápido que existe, rompe el derecho a un plazo razonable”, sentenció el abogado, quien insiste en que su representada es inocente y que la justicia debe actuar con celeridad para evitar un daño irreparable.
