Una mujer de 27 años, oriunda de Bogotá, recuperó su libertad en septiembre de 2025 tras pagar 12,25 millones de pesos al supermercado D1 para extinguir la acción penal por el hurto de cigarrillos y efectivo ocurrido el 14 de enero de ese año en la tienda ubicada en la carrera 23 con calle 46 de Manizales. La reparación integral, acogida por la imputada como causal de extinción del proceso penal, fue posible gracias a la Ley 2477 de 2025, vigente desde el 11 de julio, que reintroduce esta figura para delitos patrimoniales que admiten desistimiento.
Según informes de la Policía Metropolitana de Manizales y el diario La Patria, el robo consistió en la sustracción de siete millones ochocientos cincuenta mil pesos en efectivo y trescientas unidades de cigarrillos. El avalúo total de lo hurtado ascendió a once millones setecientos cincuenta mil pesos, y la mujer aceptó cargos desde el inicio. Permaneció bajo detención domiciliaria mientras se tramitaba el acuerdo de reparación, que finalmente fue avalado por una perito y una jueza. Estas ordenaron su libertad inmediata luego de acreditarse el pago completo de doce millones doscientos cincuenta mil pesos, que incluye quinientos mil pesos adicionales por concepto de compensación por perjuicios.
Los alcances de la Ley 2477 de 2025
La Ley 2477 de 2025 reintrodujo la reparación integral como causal de extinción de la acción penal para delitos patrimoniales que admiten desistimiento, como hurtos no calificados por violencia contra las personas. La norma, que entró en vigor el 11 de julio de 2025, excluye de este beneficio el hurto calificado con violencia y la extorsión, y establece que si un mismo imputado ya fue beneficiado por esta causal en los últimos cinco años, no puede acceder nuevamente. Además, la reforma modificó los preacuerdos y el principio de oportunidad, y fijó límites para delitos de terrorismo, secuestro y extorsión.
En este caso, la mujer había intentado un preacuerdo con la Fiscalía, pero la reparación integral resultó más favorable para ambas partes: la víctima recuperó el valor total de lo hurtado más una compensación, mientras que la procesada evitó la continuación del proceso penal. La defensa acreditó el pago ante el despacho judicial, lo que llevó a la jueza a declarar extinguida la acción penal y ordenar la libertad inmediata, sin que ello implique una absolución, sino la terminación del proceso por causal legal.
El caso sienta un precedente en Manizales sobre la aplicación de la nueva ley, que busca descongestionar el sistema judicial y ofrecer una solución rápida a delitos contra la propiedad sin violencia. La mujer, de 27 años, recuperó su libertad y queda a disposición de la justicia solo para efectos de esta causa ya terminada.
