La defensa del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’ Gómez, salió al paso de los hechos de seguridad que han puesto en alerta a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. A través de un comunicado divulgado el pasado 2 de septiembre, el abogado Juan Felipe Criollo Figueroa, representante de la esposa y la hija del exmandatario, negó categóricamente cualquier vínculo de su poderdante con los disparos registrados contra una oficina del ente de control y con la alerta de seguridad que fue reportada al alto tribunal. La declaración busca desmarcar a Gómez Cerchar, quien fue condenado a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, de cualquier posible represalia contra los funcionarios que intervinieron en su proceso judicial.
Los hechos que motivaron la reacción de la defensa ocurrieron durante la semana anterior al 2 de septiembre, cuando en el piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá, en la oficina del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, se halló una bala disparada. Días después, se encontraron dos ventanas rotas y rastros de dos disparos de fusil. Tras estos incidentes, el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano Martínez, informó sobre la situación a la presidencia de la Sala y solicitó medidas de protección. Urbano había manifestado previamente su preocupación por la posible exposición al riesgo de los togados que participaron en el recurso de casación que, el 29 de abril de 2026, revocó una absolución previa del Tribunal Superior de Bogotá y dictó la condena contra el exgobernador.
La defensa exige investigación imparcial
En el comunicado, el abogado Criollo Figueroa fue enfático al desligar a su cliente de los sucesos. “Manifestamos la absoluta ajenidad del señor Juan Francisco Gómez Cerchar frente a lo acontecido”, señaló el jurista. La defensa negó de manera tajante “cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación” del exgobernador con los disparos o con la alerta de seguridad que generó una publicación en plataformas virtuales sobre la letalidad de un supuesto “poderoso asesino guajiro”. Cabe anotar que el magistrado Urbano no atribuyó directamente esa difusión a Gómez Cerchar, pero sí consideró posible que los integrantes de la Sala Penal estén en riesgo “en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”. La situación escaló luego de que la procuradora judicial Gloria Guzmán Duque, quien presentó la demanda de casación, acudiera al despacho de Urbano el 26 de agosto para expresar su inquietud.
La defensa de la familia de ‘Kiko’ Gómez no se limitó a desmentir los señalamientos, sino que solicitó a las autoridades competentes que lleven a cabo una investigación “pronta, seria y exhaustiva” para dar con los responsables de los disparos y determinar si existe alguna conexión con el expediente judicial del exgobernador. Asimismo, pidieron que se adopten las medidas de seguridad y protección necesarias para todas las personas que pudieran estar en riesgo. La condena que pesa sobre Gómez Cerchar, adoptada por unanimidad en la Sala de Casación Penal, sigue vigente y podría ser objeto de una eventual acción de tutela, mientras las autoridades judiciales intentan esclarecer si los hechos de violencia en la capital fueron una advertencia directa contra quienes lo llevaron ante la justicia.
