El Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso una reforma clave para acelerar los proyectos de infraestructura en el país: que la consulta previa y la licencia ambiental puedan tramitarse de manera paralela y autónoma, sin que un procedimiento condicione al otro. Así lo dio a conocer Miller Soto, vocero oficial del Gobierno, quien divulgó el pronunciamiento a través de los medios oficiales de la Presidencia, explicando que la iniciativa busca que ambos trámites avancen simultáneamente para reducir los retrasos que hoy enfrentan las obras por cuenta de la dependencia burocrática entre las dos instancias.
Según explicó Soto, la licencia ambiental no será un permiso para atropellar a las comunidades. La propuesta plantea que si existe una afectación directa sobre pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros o ROM, las obras materiales no podrán ejecutarse hasta tanto no se cumplan las garantías derivadas de la consulta previa. En otras palabras, lo que se busca es que los procedimientos dejen de condicionarse entre sí, pero sin eliminar ni debilitar los derechos de las comunidades a ser consultadas.
Qué cambia con la nueva propuesta
Actualmente, la licencia ambiental, que es evaluada por la autoridad ambiental competente, estudia los impactos sobre ríos, bosques, fauna, suelo, aire y ecosistemas en general. Por su parte, la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas cuando un proyecto puede afectarlas directamente. En la práctica, ambos procesos suelen quedar atados el uno al otro, lo que genera demoras de meses y hasta años en la ejecución de carreteras, puertos, proyectos de energía, hidrocarburos y otras iniciativas de infraestructura. El Gobierno plantea que esa dependencia desaparezca, y que cada trámite avance por su carril, con mejores mecanismos de información, publicidad, participación, decisiones motivadas, recursos, trazabilidad y controles.
«La consulta previa no se acaba, se transforma para hacerla más clara, más eficiente y más garantista»
Miller Soto, vocero oficial del Gobierno
Como ejemplo de lo que se quiere evitar, Soto citó el caso del proyecto Muelle 13 en Buenaventura. Allí, mediante la Resolución STC-1253 del 31 de agosto de 2026, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa determinó que, para las características técnicas y coordenadas específicas de ese proyecto, no procede la consulta previa. No obstante, el pronunciamiento advierte que si durante el desarrollo de la obra apareciera una posible afectación directa a comunidades, la situación deberá informarse a la autoridad competente para que sea evaluada. Este caso ilustra la intención del Gobierno de dar agilidad a los proyectos sin desconocer los derechos de las poblaciones.
«La propuesta es que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma»
Miller Soto, vocero oficial del Gobierno
El vocero fue enfático en que la medida no representa ningún retroceso en materia de derechos. «Una licencia ambiental no será un permiso para atropellar a las comunidades», advirtió, y agregó: «De ninguna manera que la gente de Buenaventura pierda sus derechos». Con ello, el Gobierno busca enviar un mensaje de tranquilidad a los sectores sociales que han visto con recelo cualquier modificación a la consulta previa, al tiempo que responde a las presiones del sector productivo por destrabar proyectos que llevan años engavetados.
«Una licencia ambiental no será un permiso para atropellar a las comunidades»
Miller Soto, vocero oficial del Gobierno
La propuesta, que aún no tiene fecha de implementación, se enmarca en la promesa del Gobierno de hacer los trámites «más claros, más eficientes y más garantistas». Si bien no se entregaron cifras sobre el impacto económico o los tiempos de reducción esperados, la iniciativa apunta a destrabar obras estratégicas en sectores como transporte, energía, puertos e hidrocarburos, que han visto afectada su viabilidad por la incertidumbre jurídica que genera la doble condicionalidad entre la licencia ambiental y la consulta previa. Mientras tanto, las comunidades y los empresarios esperan conocer la letra menuda de una reforma que promete equilibrar la balanza entre el desarrollo y la protección de los derechos étnicos y ambientales.
