La comunidad de San Isidro de Chichimene, en el municipio de Acacías (Meta), solicitó formalmente la instalación de una mesa de diálogo con Ecopetrol y el Gobierno Nacional para buscar alternativas a un reciente fallo del Consejo de Estado que las declaró solidariamente responsables por los perjuicios causados durante las protestas que paralizaron la operación petrolera en 2017. La decisión judicial, que aún no ha concretado el monto de la indemnización, ha generado una fuerte preocupación entre los habitantes de las 14 veredas y juntas de acción comunal involucradas, quienes aseguran no tener capacidad económica para asumir una cifra que, según estimaciones iniciales de la petrolera, supera los 4.056 millones de pesos.
Los hechos que motivaron el fallo ocurrieron entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017, cuando la comunidad bloqueó la Estación Chichimene de Ecopetrol, impidiendo el ingreso de trabajadores, equipos e insumos. La protesta afectó la producción de cerca de 20 pozos, que tuvieron que detener temporalmente su operación, lo que se tradujo en una afectación de aproximadamente 32.000 barriles de petróleo. El Consejo de Estado determinó que estas acciones superaron los límites constit de la protesta pacífica y declaró como responsables solidarios a la Corporación Comunitaria de Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene y a Sandra Patricia Ruiz Riaño. El fallo otorga un plazo de 60 días para que Ecopetrol presente una prueba técnica que permita calcular los perjuicios reales causados.
Un llamado al diálogo y la inversión social
Lejos de anunciar nuevas movilizaciones, la comunidad ha optado por la vía del diálogo. Nelson Rodríguez, abogado que representa a los habitantes de la zona, hizo un enfático llamado al presidente de la República para que intervenga en la situación. «Hacer un llamado al presidente, decirle, ‘Venga, más allá de la explotación del petróleo, listo, no estamos oponiéndonos a eso, pero al menos que a nosotros como comunidad nos quede algo de ese producto que se saca en nuestro terreno. Nos quede algo: buenas vías, una infraestructura, vivienda de interés social que no hay'», declaró Rodríguez, subrayando que la intención de la comunidad no es oponerse a la actividad petrolera, sino buscar que esta se traduzca en beneficios tangibles para la población.
El abogado sostiene que la discusión no debe limitarse al cálculo de los perjuicios económicos que sufrió Ecopetrol, sino que debe incluir una revisión profunda de las condiciones sociales de la comunidad, que arrastra necesidades históricas en servicios públicos como agua potable, energía y alcantarillado, así como un deterioro significativo de la actividad agrícola en la región. La comunidad espera que la mesa de diálogo permita construir una nueva relación con la empresa y el Gobierno, basada en la inversión social y el desarrollo sostenible, antes de que el fallo judicial profundice el conflicto y agrave la ya compleja tensión entre la operación petrolera, la protesta social y las demandas comunitarias en las zonas productoras del país.
