La denominada Operación Azarías, desarrollada en Miraflores, Guaviare, y que dejó un saldo de 23 presuntos integrantes de disidencias de las FARC muertos, se ha convertido en el centro de una tormenta política después de que se difundieran imágenes oficiales del presidente Abelardo de la Espriella caminando entre los cuerpos sin vida. La escena, lejos de ser un simple registro militar, ha desatado una ola de críticas por parte de políticos del Pacto Histórico y otros líderes de oposición, quienes acusan al Gobierno de caer en la “necropolítica” y la espectacularización de la muerte como propaganda de guerra.
Senadores como Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, y Kevin Gómez Paz, ambos del Pacto Histórico, han sido particularmente vehementes en sus cuestionamientos. Omaña lanzó un reproche directo al mandatario, señalando que “usted debería ayudarnos a salir de esa cultura”, en alusión a la normalización de la violencia. Por su parte, Gómez Paz estableció una clara diferencia entre la acción legítima del Estado y la exhibición macabra: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”. El senador además subrayó, en un tono que contrasta con la narrativa oficial, que “el éxito de la seguridad se mide en vidas salvadas”.
Duda sobre la presencia de menores y el precedente de los falsos positivos
Uno de los puntos más álgidos de la controversia es la posibilidad de que entre los 23 fallecidos se encuentren menores de edad. El congresista de la Alianza Verde, Ariel Ávila, fue directo al preguntar: “¿Entre esos cadáveres están los de los tres niños asesinados?”. Esta inquietud, también planteada por otros senadores como Omaña y Gómez Paz, reabre un debate sensible en el país sobre la veracidad de los informes militares y el trato a los cuerpos. La representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, invocó la dignidad humana como un principio inquebrantable, recordando que “un muerto sigue teniendo dignidad, incluso si fue nuestro enemigo”. Carrascal también vinculó la situación con el oscuro capítulo de los falsos positivos, documentado por la Comisión de la Verdad, donde existía una presión institucional por reportar bajas en combate.
“Barbarie con rosario” y “autoritarismo mafiosongo”
Las críticas también apuntaron a las aparentes contradicciones entre la fe católica que profesa De la Espriella y las imágenes difundidas. La exsenadora María José Pizarro, también del Pacto Histórico, utilizó una frase que resume esta percepción al calificar la acción como “pura barbarie con rosario”, añadiendo que el Gobierno “reduce la seguridad al conteo de muertos”. En una línea similar, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue contundente al afirmar que “el autoritarismo mafiosongo desconoce tanto el valor de la vida como la dignidad después de la muerte”. Una militante del Pacto Histórico, Gabriela Muñoz, elevó aún más el tono en redes sociales, preguntándose “¿qué clase de psicópata nos está gobernando?”.
“Es pura barbarie con rosario”
María José Pizarro, exsenadora Pacto Histórico
El debate ahora se centra en el impacto de estas imágenes en la narrativa de seguridad del Gobierno. Mientras el Ejecutivo presenta la operación como un duro golpe contra los grupos armados residuales, la oposición y analistas advierten que la exhibición pública de los cuerpos atenta contra el Derecho Internacional Humanitario y el respeto que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) exige para los fallecidos. La controversia no solo pone en tensión la comunicación oficial, sino que revive los fantasmas de un pasado reciente en el que el éxito militar se medía exclusivamente en el número de enemigos abatidos, sin considerar las garantías procesales y la dignidad de las víctimas.
