El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la entrega de equipos de seguridad para la cárcel de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, Santander, donde se concentra un pabellón de alta seguridad al que fueron trasladados veinte reclusos de alta peligrosidad procedentes de Barranquilla. La medida busca reforzar el control interno y cerrar todos los espacios a actividades delictivas desde prisión, según afirmó el mandatario en una publicación en la red social X. La dotación, canalizada a través del Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), incluye cámaras corporales, dispositivos de inspección, detectores de metales, drones, chalecos balísticos y otros insumos destinados a mejorar las requisas, la vigilancia interna y el control sobre los reclusos.
El traslado de los veinte internos respondió a una orden directa del presidente, quien sostiene que estos reclusos conservaban privilegios y capacidad de coordinación detrás de las rejas, lo que les permitía operar como centros de coordinación de grupos delictivos. Según información difundida por el Gobierno, los presos estarían presuntamente vinculados a extorsiones, amenazas e intimidación contra habitantes de Barranquilla, hechos que motivaron su reubicación en distintos establecimientos penitenciarios del país, aunque no se especificaron las cárceles de origen, los destinos asignados ni las identidades de los reclusos.
Una estrategia de endurecimiento penitenciario
La medida se enmarca en una estrategia de endurecimiento contra cabecillas, extorsionistas y sicarios, con especial énfasis en la seguridad del Caribe colombiano. El presidente de la Espriella ha reiterado que los grupos criminales no impondrán reglas mientras ejerza la Presidencia, y que el orden no se negocia. Las cámaras corporales permitirán registrar los procedimientos de requisas, los detectores de metales apuntan a identificar armas, teléfonos u otros objetos prohibidos, y los drones se utilizarán para la observación en áreas de difícil acceso dentro del penal. No se informaron montos, presupuesto ni cantidades específicas de equipos, pero el Gobierno afirmó que la nueva tecnología se suma a la vigilancia de reclusos considerados de mayor riesgo en el pabellón de alta seguridad de Palogordo.
«La autoridad del Estado también se ejerce detrás de los muros. Vamos a cerrarles todos los espacios. La ley se cumple. Firme por la Patria. El orden no lo negocio. Voy por todos. Aquí manda la ley. No más oficinas del delito».
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Con esta serie de declaraciones, el mandatario dejó clara su postura de cero tolerancia frente a las estructuras criminales que operan desde las prisiones. El traslado de los veinte internos desde Barranquilla a distintos centros penitenciarios del país, sumado a la nueva dotación tecnológica en Palogordo, busca impedir que los centros penitenciarios sean usados como puntos de coordinación de grupos delictivos. La iniciativa refuerza la idea de que el Estado debe ejercer su autoridad también dentro de los muros, como lo expresó el presidente, en un intento por desarticular las redes de extorsión y amenazas que afectan a la población del Caribe colombiano.










