El Atlantic Council, a través de la US-Colombia Strategic Alignment Coalition, recomendó al gobierno de Abelardo de la Espriella utilizar el paquete de ayuda de USD 1.000 millones anunciado por Estados Unidos para recuperar territorios en disputa y garantizar una presencia estatal permanente con instituciones, servicios e inversión. La recomendación está contenida en un informe publicado el 7 de agosto, día de la posesión presidencial, y que aún espera la aprobación del Congreso estadounidense. El documento propone cuatro líneas de acción estratégicas para enfrentar la fragmentación del conflicto armado en el país.
La coalición, creada como sucesora de la US-Colombia Task Force fundada en 2017, reúne a exfuncionarios, diplomáticos y especialistas de ambos países. Entre sus integrantes figuran Kevin Whitaker, la general retirada Laura Richardson, Paula Dobriansky, Kimberly Breier, Carlos Díaz-Rosillo, y por Colombia la excanciller Carolina Barco, el exministro Luis Carlos Villegas, el exvicepresidente Óscar Naranjo, Bruce Mac Master, María Victoria Llorente y Muni Jensen. El informe se basa en un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, citado por El Tiempo, que revela un deterioro significativo de la seguridad en los últimos años.
El conflicto armado se fragmenta y expande
Según los datos del informe, los grupos armados pasaron de 15.120 a 28.802 integrantes entre 2022 y julio de 2026, mientras que las zonas en disputa se duplicaron de 7 a 14. Estas 14 zonas de mayor competencia concentran aproximadamente el 80% de los impactos humanitarios. Los grupos armados actúan como autoridades paralelas en múltiples regiones: imponen restricciones a la movilidad, extorsionan, controlan tierras, minas, rutas de transporte y actividades económicas. En 2025 se reportaron 416 restricciones al acceso humanitario, un aumento del 13 % frente a 2024, y más de 170.000 personas permanecieron confinadas. Además, el reclutamiento de menores alcanza una tasa alarmante de un menor cada 20 horas, según UNICEF.
Las cuatro líneas de acción propuestas
El documento plantea, en primer lugar, la recuperación territorial con presencia civil, combinada con el uso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos y la prevención del reclutamiento infantil. En segundo lugar, recomienda fortalecer las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, mejorar la movilidad aérea y fluvial en las zonas de conflicto y avanzar en el desminado humanitario. La propuesta de vicepresidente José Manuel Restrepo de quintuplicar el valor anual de los proyectos ejecutables por Obras por Impuestos también es mencionada como una herramienta clave para acelerar la inversión en los territorios más afectados.
La situación de los PDET y la financiación pendiente
El informe detalla que los PDET abarcan 33.007 iniciativas en 170 municipios, pero apenas 18.501, equivalentes al 56%, tienen una ruta de implementación activa. Además, existen 3.436 proyectos estructurados que carecen de financiación. En paralelo, el Congreso de Estados Unidos ya aprobó USD 15 millones para derechos humanos y USD 25 millones para comunidades afrocolombianas e indígenas. Tras el terremoto del 10 de agosto, que afectó a comunidades del Pacífico, se propone destinar parte de esos recursos a la reconstrucción.
La Ley 2590, aprobada en julio de 2026, ordena la creación de un plan nacional contra el reclutamiento, un observatorio y protocolos de respuesta. Sin embargo, el informe del Atlantic Council advierte que sin una presencia estatal efectiva y sostenida, las iniciativas aisladas no lograrán revertir la dinámica de control territorial que ejercen los grupos armados. La recomendación central es que los USD 1.000 millones deben invertirse de manera coordinada, con enfoque territorial y priorizando las 14 zonas de mayor disputa, donde la ausencia del Estado ha sido históricamente aprovechada por las estructuras ilegales.
