La sobreviviente de reclutamiento forzado por las extintas Farc, Deisy Dorelly Guanaro Chavita, denunció que fue objeto de una acción penal impulsada por un funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La activista, que ha alzado su voz para exigir verdad y justicia en el marco del conflicto armado colombiano, reveló que el profesional de Gestión de la JEP Francisco Javier Minorta Nova presentó una denuncia en su contra por atribuirle públicamente decisiones sobre su esquema de seguridad que este niega. Guanaro vinculó esta acción judicial directamente con sus cuestionamientos a la exclusión de la excombatiente Griselda Lobo, conocida como la senadora Sandra Ramírez, del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto.
La información fue difundida por la propia víctima a través de sus redes sociales, donde expresó su indignación al sentirse perseguida por la misma institucionalidad que debería garantizar su protección. «Hoy he sido denunciada penalmente por un funcionario de la UIA JEP, la Fiscalía de la JEP, la misma entidad que se supone debe proteger a las víctimas y testigos», declaró Guanaro, quien permaneció cerca de cuatro años en el sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) tras ser desvinculada de las extintas Farc. En sus publicaciones, la activista aseguró que la denuncia es una consecuencia directa de haber alzado la voz: «Por contar la verdad, por buscar justicia y por pedir que los responsables respondan, soy denunciada por quienes deberían protegernos».
Los hechos que originaron la denuncia
La acción judicial se originó luego de que Guanaro y su abogado hicieran públicos cuestionamientos sobre los esquemas de seguridad asignados a las víctimas. En un documento al que tuvo acceso este medio, Minorta Nova señala que las publicaciones de la sobreviviente en redes sociales y medios de comunicación le atribuyen funciones que no le corresponden. «En dichas publicaciones, la señora afirma, de manera errónea, que quien suscribe, en mi calidad de servidor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), soy el encargado de la totalidad de las decisiones del grupo de protección, incluyendo la adopción de medidas relacionadas con su esquema de seguridad, lo cual es completamente falso», argumenta el funcionario en la denuncia. Guanaro, por su parte, sostiene que su reclamo siempre ha sido por la falta de garantías y por la necesidad de que los responsables de reclutar menores respondan ante la justicia.
«A la sobreviviente que denunció a Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, la denuncian penalmente desde la UIA JEP»
Deisy Dorelly Guanaro, sobreviviente de reclutamiento forzado y activista
La activista, quien ha solicitado pronunciamientos del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la propia JEP, regresó al Icbf 19 años después de haber sido atendida por la entidad para apoyar acciones de prevención del reclutamiento de menores. «Ya no soy víctima. Soy una mujer sobreviviente», afirmó en ese entonces. El contexto de su lucha se enmarca en el preocupante panorama del reclutamiento forzado en Colombia: entre enero y junio de 2026, el programa especializado del Icbf para menores desvinculados de grupos armados atendió a 483 adolescentes y niños, de los cuales 211 ingresaron ese año, 118 hombres y 93 mujeres. Guanaro, que se acreditó ante la JEP con la esperanza de que los responsables de hechos contra menores respondieran ante ese tribunal, considera que esta denuncia es un intento de silenciar su voz y la de otras víctimas que buscan justicia en medio del complejo entramado de la transición.
