En una decisión que marca un punto de inflexión en la política de seguridad del país, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó la suspensión temporal de las operaciones aéreas ofensivas en aquellas zonas del territorio nacional donde exista información verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados. El fallo, proferido el pasado 2 de septiembre de 2026, fue emitido en el marco de una acción de tutela presentada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra, quien actúa como agente oficioso de los menores víctimas de reclutamiento. La medida, que estará vigente hasta que se resuelva de fondo la tutela, ordena a la fuerza pública abstenerse de ejecutar bombardeos cuando haya información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de estos menores en los objetivos militares.
Un criterio que genera controversia en el Gobierno
La decisión judicial no tardó en generar reacciones encontradas. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue el primero en pronunciarse a través de su cuenta en la red social X, donde expresó las dudas del Ejecutivo sobre la viabilidad operativa de la medida. “Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información ‘cierta, objetiva o razonablemente verificable’ sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria. ¿Qué significa, en términos operacionales, ‘razonablemente verificable’? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, cuestionó el funcionario. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, anunció que apelará el fallo al considerar que el concepto de “razonablemente verificable” resulta demasiado impreciso y podría entorpecer las operaciones militares contra grupos armados.
“Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias.”
Juzgado 34 de Familia de Bogotá, fallo del 2 de septiembre de 2026
El accionante, Ower Jimmy Borda Parra, defendió la necesidad de la tutela al recordar que los menores reclutados sufren todo tipo de violencias, incluida la sexual, y que son utilizados por los grupos armados como escudos humanos. En entrevista con Noticias Caracol, Borda Parra señaló que “los niños resultan ser un objetivo muy apreciado por los grupos guerrilleros, para precisamente lograr defenderse y atacar al Estado, a las Fuerzas Militares y a la sociedad civil”. El abogado también denunció que desde el Ejecutivo se presiona a la fuerza pública para entregar resultados operacionales, lo que puede poner en riesgo a los menores. Por ello, instó al Gobierno a apoyar investigaciones que permitan desarrollar planes de rescate o medidas alternativas que eviten la exposición de los niños a los bombardeos.
La medida provisional, que aplica a todo el territorio nacional, abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre la lucha contra los grupos armados y la protección de los derechos de los menores. Mientras el Gobierno prepara la apelación, el fallo ya impone un freno a las operaciones aéreas ofensivas en aquellos lugares donde la Inteligencia militar tenga indicios sólidos de que hay niños reclutados. La decisión final sobre la tutela, que definirá el alcance de esta restricción, se espera en las próximas semanas.
