María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en un atentado en Bogotá, reveló que conserva en su celular pruebas inéditas sobre las amenazas que anticiparon el crimen. En una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona afirmó que no ha entregado ese material a la Fiscalía General por falta de garantías y por temor a que la información se filtre o se tomen represalias contra quien se la proporcionó. Según la empresaria, las advertencias llegaron aproximadamente dos meses antes del ataque y eran «reales y puntuales», pero la desconfianza en el ente investigador la ha llevado a evaluar la posibilidad de remitir las pruebas a organismos internacionales o a autoridades de Estados Unidos.
«Tengo en mi celular una información sobre amenazas que llegaron reales y puntuales hacia Miguel. No he sido capaz de entregársela a la Fiscalía porque me da miedo que se filtre y por la persona que me entregó esta información. No tengo las garantías para entregar esa información», declaró Tarazona, quien también cuestionó duramente el manejo del caso por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía, encabezada por Luz Adriana Camargo.
Infiltración en el esquema de seguridad
La viuda del congresista sostuvo que desde el primer momento supo que el esquema de seguridad de Miguel Uribe estaba infiltrado. «Era imposible que supieran cuánto se demoraba en el trayecto hasta el Parque El Golfito si no era una persona del esquema que estaba dentro de nuestra casa», afirmó. La investigación del atentado avanza sobre la hipótesis de que miembros de la UNP asignados al político estuvieron vinculados con la estructura criminal. De hecho, Tarazona reveló un hecho que califica de inconcebible: ella y sus hijos, incluido Alejandro, de cinco años, quedaron bajo la custodia de los mismos escoltas que eran investigados por la Fiscalía durante un año. «Quedamos con el mismo esquema de Miguel durante un año; Alejandro lo estaba llevando al colegio y lo cuida durante un año la gente que estaba siendo investigada por la Fiscalía», denunció la viuda, quien agregó: «Eso en ningún lugar tiene coherencia de ningún lado; lo primero que ha debido pasar es que han debido renovar completamente el esquema, porque uno no puede estar cuidado por personas que uno mismo está investigando».
Las autoridades, incluyendo la Justicia Penal Militar, han revisado cruces de telefonía que muestran coincidencias de geolocalización entre dispositivos de la UNP asignados a Uribe y alias «El Viejo», presunto enlace de la estructura criminal. El subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe de seguridad del senador, está señalado en la investigación, mientras que la Fiscalía ha sido criticada por decisiones procesales que, según Tarazona, han entorpecido el esclarecimiento de los hechos.
Críticas a la fiscal general y a la UNP
María Claudia Tarazona fue contundente al referirse a la fiscal Luz Adriana Camargo: «No confío en la fiscal General. No entiendo por qué le quitó la imputación a Augusto Rodríguez si tenían todo el acervo probatorio listo sobre la omisión de su deber de cuidado. Tampoco entiendo por qué le aprobaron un preacuerdo a una persona que no ayudó a darle celeridad al proceso». La viuda se refería al exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, a quien se le tumbó la imputación de cargos, y a los preacuerdos con rebajas de penas para presuntos implicados que no han llevado a identificar a los determinadores intelectuales del atentado, vinculados a la Segunda Marquetalia. En contraste, Tarazona agradeció el fallo de la Corte Constitucional que amparó los derechos de su familia y ordenó a la UNP ofrecer disculpas públicas por declaraciones emitidas cuando el congresista estaba en estado crítico, que sugerían una flexibilización de su seguridad. «Más que unas disculpas por parte del señor Augusto Rodríguez, esto es reconocer la vergüenza de actuación que tuvieron como entidad. Agradezco a la Corte Constitucional por este fallo para que se reconozca públicamente el error tan grave y tan vergonzoso que cometieron», manifestó.
«Tengo en mi celular una información sobre amenazas que llegaron reales y puntuales hacia Miguel. No he sido capaz de entregársela a la Fiscalía porque me da miedo que se filtre y por la persona que me entregó esta información. No tengo las garantías para entregar esa información»
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay
La empresaria insistió en que el atentado se pudo prevenir, pues existían denuncias previas sobre los riesgos que enfrentaban los precandidatos presidenciales de la oposición. Mientras la Fiscalía y la UNP siguen bajo el escrutinio público, Tarazona mantiene en su poder las pruebas digitales que, según ella, podrían cambiar el rumbo de una investigación que hasta ahora no ha logrado establecer quiénes ordenaron el asesinato del senador, ocurrido en el occidente de Bogotá, en el trayecto hacia el Parque El Golfito, el fatídico 7 de junio de 2025.
