En los primeros diez días del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha dado un golpe de timón administrativo al revocar más de 60 contratos y radicar 13 denuncias por presuntas irregularidades. El vocero presidencial, Miller Soto, informó que el liquidador de la entidad, John Milton Rodríguez, ordenó cesar de inmediato toda contratación y procesos de selección, iniciando una revisión exhaustiva de los acuerdos firmados en las últimas horas de la administración anterior. Las denuncias se distribuyen en seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales, apuntando a un posible desvío de recursos en el manejo de la cartera.
El anuncio, realizado este viernes, profundiza el debate político en torno al cierre de una de las entidades más emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro. Según Soto, la decisión de liquidar el ministerio responde a que “la entidad no mostraba resultados proporcionales a los recursos” y a la detección de una baja ejecución presupuestal y una alarmante concentración de fondos en una sola empresa. Como parte del proceso de depuración administrativa, ya se suprimieron los cinco viceministerios, lo que representa un ahorro de 1.500 millones de pesos al año, y se proyecta eliminar más de 40 cargos directivos, con un ahorro adicional estimado de 12.000 millones de pesos anuales.
Recuperación millonaria y denuncias por presuntas irregularidades
El balance presentado por el Gobierno incluye cifras que buscan demostrar la urgencia de la liquidación. “En apenas 10 días de liquidación recuperamos más de 20.000 millones anualizados, eso equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas”, afirmó Miller Soto. El vocero también reveló que una sola empresa concentraba más de 171.000 millones de pesos, mientras que el año pasado apenas se ejecutó el 5 % de la inversión. Además, señaló que el último ministro de la Igualdad aún no ha entregado las llaves de las bodegas que contienen cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la DIAN, un hecho que calificó como “grave” y que motivará investigaciones adicionales.
“Suprimimos los cinco viceministerios, ahorrando, de esa manera, 1.500 millones de pesos al año. Esta semana eliminaremos más de cuarenta cargos directivos con un ahorro de 12.000 millones de pesos al año”
Miller Soto, vocero presidencial del Gobierno de Abelardo de la Espriella
La cartera, que ya no puede operar bajo su objeto misional, ha limitado sus actuaciones exclusivamente al cierre, revisión contractual, protección de archivos, manejo de obligaciones vigentes y asuntos jurídicos pendientes. Aunque no se detallaron los objetos de todos los contratos revocados, el Gobierno sostiene que los recursos recuperados serán redirigidos a auxilios de arrendamiento para damnificados, en un intento por demostrar que la liquidación no solo es un ajuste fiscal, sino una medida con impacto social. Las denuncias radicadas, tanto penales como disciplinarias y fiscales, abren la puerta a investigaciones que podrían esclarecer el destino de millonarios recursos públicos en la extinta entidad.
