El Gobierno de Abelardo de La Espriella dio por terminados de manera formal dos procesos de diálogo que venían adelantándose bajo la política de Paz Total heredada de la administración de Gustavo Petro, a través de resoluciones ejecutivas expedidas el pasado 3 de septiembre. Se trata de la mesa instalada con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, y el proceso de acercamiento con las estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. La decisión fue anunciada por el propio presidente durante una declaración pública el viernes 4 de septiembre en Riohacha, donde advirtió que su administración impondrá el orden «con la fuerza de las armas y las leyes de la República», marcando un giro radical en la estrategia de seguridad nacional.
Los dos documentos que materializan el cierre de estos espacios de negociación son la Resolución Ejecutiva número 365 de 2026, que ordena la terminación de la mesa con Comuneros del Sur y deroga la Resolución número 369 del 13 de septiembre de 2024, y la Resolución Ejecutiva número 368 de 2026, que revoca las designaciones del equipo negociador que participaba en el proceso con las bandas de Medellín y su área metropolitana. En total, seis personas fueron retiradas formalmente de sus roles de representación del Gobierno en estas mesas: Carlos Augusto Erazo Murcia, quien fungía como representante del Ejecutivo ante Comuneros del Sur, y los miembros del equipo negociador Ángela María Robledo Gómez, Andrei Giovani Gómez Suárez, Clemencia Carabalí Rodallega, Juan David Correa Ulloa y Pablo Francisco Pardo Velasco. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz será la encargada de comunicar la decisión a las autoridades competentes.
Un adiós a la negociación que ya tenía un muerto
El cierre de estas mesas se produce en un contexto particularmente sensible, pues ocurre después de la muerte de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor o simplemente «Naín», quien era el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. Su fallecimiento, ocurrido en circunstancias que aún son materia de investigación, deja en el aire cualquier posibilidad de diálogo con esa estructura, aunque el Gobierno ya había anticipado su decisión de no continuar con espacios de negociación que involucren a organizaciones dedicadas al narcotráfico y la extorsión.
«Con la fuerza de las armas y las leyes de la República»
Abelardo de La Espriella, presidente de Colombia
La administración De La Espriella ha planteado una estrategia de seguridad centrada en la persecución militar y judicial de las estructuras armadas, en lugar de apostar por diálogos que, según su lectura, no han dado resultados tangibles. El presidente afirmó que la fuerza pública tendrá respaldo político pleno para actuar contra quienes continúen en actividades criminales, y en los considerandos de las resoluciones se recuerda que la Constitución colombiana reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, aunque en esta administración ese deber se interpreta desde la imposición del orden por la vía coercitiva.
El futuro de otros acercamientos iniciados durante el gobierno anterior queda ahora en interrogante, especialmente el caso del Clan del Golfo, sobre el cual el Ejecutivo no ha informado si mantendrá, reformulará o simplemente reemplazará el proceso con algún otro mecanismo de sometimiento o persecución. Lo que sí queda claro es que la era de la Paz Total, tal como fue concebida por Gustavo Petro, ha llegado a su fin formal en dos de sus frentes más controversiales, mientras Colombia observa atenta los próximos movimientos de un gobierno que promete no negociar con quienes, en sus palabras, han hecho de la violencia su modo de vida.
