El aumento del precio internacional de la gasolina ha encendido las alarmas fiscales en Colombia, al incrementar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y poner al Gobierno en la necesidad de analizar reajustes graduales que eviten un impacto directo en la inflación, el sector del transporte y el bolsillo de los hogares. Así lo revelan los más recientes análisis del Ministerio de Hacienda, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Banco de la República, que coinciden en que la presión sobre las finanzas públicas requiere medidas urgentes.
Según la información publicada con corte al 29 de agosto, la brecha entre el precio local de los combustibles y la referencia internacional se ha profundizado, obligando al Fepc a cubrir una diferencia cada vez mayor. Mientras el precio de referencia de la gasolina corriente en las 13 principales ciudades del país se sitúa en $15.886 por galón, el ingreso al productor se fija en $10.839,73 por galón, una distancia que debe ser asumida por el fondo. En el caso del Acpm, la situación es similar, con un precio promedio de $11.320 por galón frente a un ingreso al productor de $6.192,15, mientras que el alcohol carburante y el biocombustible diésel se cotizan en $10.320,80 y $19.329,28 por galón, respectivamente.
Diferencias regionales y presión fiscal
Las disparidades regionales son notorias: Villavicencio registra el precio más alto para la gasolina corriente con $16.431 por galón, mientras que Pasto tiene el más bajo con $13.920. En el caso del Acpm, Cali lidera con $11.763 por galón, frente a Cúcuta que reporta $9.486. Estas diferencias, explican las autoridades, obedecen a costos logísticos, distancia a las plantas de abastecimiento y tributos locales, factores que se suman al precio final que incluye transporte por poliductos, márgenes de distribución, impuesto nacional, impuesto al carbono, sobretasa, IVA y otros cobros.
El impacto fiscal es el centro de la preocupación. El Plan Financiero del Gobierno proyecta que, sin medidas correctivas, el déficit alcanzaría el 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, con una deuda neta del 66,2% del PIB. Para contrarrestar esta tendencia, la meta es reducir 2,2 puntos porcentuales del PIB y bajar el déficit total a 7,2% en el mismo año, un objetivo que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, calificó como «muy elevado», advirtiendo además que «el ajuste deberá continuar varios años». La Ley de Ajuste Fiscal que el Gobierno prevé presentar al Congreso se centra en la racionalización del gasto, pero el Banco de la República advierte que el desequilibrio seguiría alto incluso con esa iniciativa.
«El ajuste deberá continuar varios años»
Leonardo Villar, Gerente del Banco de la República
La administración se enfrenta a un complejo equilibrio: cerrar la brecha del Fepc sin trasladar todo el aumento a los consumidores, en un contexto donde las obligaciones en salud, pensiones, subsidios de energía y gas, servicio de la deuda y compromisos no reconocidos limitan el margen de maniobra. El precio de referencia internacional de la gasolina corriente sigue subiendo, y cualquier reajuste gradual que se adopte en las próximas semanas buscará evitar un choque inflacionario, pero las proyecciones fiscales dejan claro que el camino hacia la estabilidad será prolongado.
