La Procuraduría General de la Nación entregó un informe que estremece los cimientos de la seguridad institucional en Colombia: cuatro fallas graves en el esquema de protección del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay habrían allanado el camino para su magnicidio. El documento, que cobró nueva relevancia tras revelarse reuniones de escoltas con la banda de sicarios, pide a la Fiscalía y a la Justicia Penal Militar investigar las omisiones que facilitaron el crimen.
El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, durante un acto público del precandidato, y su muerte se confirmó el 11 de agosto siguiente. Ahora, la investigación apunta directamente al subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de seguridad, y al escolta Ricardo Céspedes, así como al exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, y a un menor identificado con las iniciales E. J. M. M., señalado como implicado en el atentado. El informe de la Procuraduría detalla cómo la organización criminal contaba con información detallada sobre los movimientos del senador y su familia, así como sobre la composición de su protección, datos que habrían salido de los propios integrantes del esquema.
Las cuatro fallas fatales
La primera falencia identificada es la presunta filtración de información reservada del esquema de seguridad, lo que permitió a los sicarios conocer las rutinas y debilidades del precandidato. La segunda falla consistió en un debilitamiento de la protección directa durante el acto público: el escolta Ricardo Céspedes se alejó del senador para dejar una chaqueta en un vehículo blindado, dejando la seguridad exclusivamente en manos de Gómez Velasco. Fue en ese momento que el menor E. J. M. M. sacó el arma y disparó. La tercera irregularidad es una reacción tardía para coordinar apoyos: entre el aviso de la agenda a las 7:07 de la mañana y el inicio de gestiones del subcomisario Gómez Velasco a la 1:50 de la tarde transcurrieron 6 horas y 43 minutos, dejando apenas 1 hora y 40 minutos para organizar la seguridad antes del acto de las 15:30 horas. La cuarta falla es la falta de articulación operativa, incluida la ausencia de relevos: en el momento del atentado solo dos hombres de seguridad estaban presentes, Gómez Velasco y Céspedes, mientras los patrulleros de los cuadrantes 5 y 6 del barrio Modelia declararon que nunca fueron informados del evento y que su presencia en la zona obedeció a un reporte por consumo de estupefacientes, no a una labor de protección articulada.
“La Firma —citando al menor identificado con las iniciales E. J. M. M.— me dijo dónde estaban ubicados los policías. Me dijo que había uno en la esquina, que había otro en la esquina del Oxxo, que había otro entre la gente y que había otro que estaba rodando. Que iban a ser tres escoltas, pero no me dijo las ubicaciones, solo que había tres escoltas”.
Testimonio de implicado citado en el informe de la Procuraduría
El documento señala además que “los escoltas estaban comprados”, según testimonios de menores implicados, y que no existió ningún radicado, oficio o correo electrónico dirigido al Grupo de Protección del Congreso o a la Policía Metropolitana de Bogotá solicitando refuerzos o apoyos para un mitin en un lugar abierto. La investigación penal contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco fue reactivada por prevaricato por omisión, mientras la Corte Constitucional ordenó al exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, ofrecer excusas públicas a la familia del senador por revelar información sensible. En un giro reciente, los escoltas asignados a la viuda María Claudia Tarazona fueron cambiados tras conocerse las reuniones de integrantes del antiguo esquema con la banda de sicarios, lo que mantiene abierta la pregunta sobre si la conducta omisiva de los oficiales tuvo relación directa con el entramado delictivo que ejecutó el crimen.
