La exsenadora María Fernanda Cabal arremetió contra una jueza de familia de Bogotá que ordenó frenar los bombardeos contra campamentos de grupos armados, en medio de la conmoción por el ataque con drones del ELN contra el cantón militar El Trapiche en Ocaña, Norte de Santander, ocurrido el viernes 4 de septiembre a las 7:20 p.m. El ataque, ejecutado con más de dieciséis drones cargados de explosivos y seguido de un combate terrestre, dejó un saldo de tres militares fallecidos y cuatro heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez —este último falleció al día siguiente mientras recibía atención médica—, según confirmó la Segunda División del Ejército, que atribuyó la acción al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.
Mientras las autoridades reportaban el ataque, la exsenadora Cabal publicó en redes sociales una serie de preguntas dirigidas a la jueza de familia que emitió medidas cautelares para frenar los bombardeos. “¿Qué dirá la jueza de familia que frenó los bombardeos contra campamentos terroristas?”, escribió Cabal, quien además vinculó la restricción judicial con la vulnerabilidad de civiles y militares ante la ofensiva guerrillera. “Estos criminales no protegen a los jóvenes: los reclutan, los usan como escudos y ahora llevan la guerra hasta las aulas”, agregó en alusión a un video que muestra a estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander refugiándose bajo los pupitres durante el ataque. La exsenadora también preguntó: “¿También les pondrá límites a ellos?”, refiriéndose a los responsables del ataque con drones.
Decisión judicial en el Guaviare
Además de la medida de la jueza de familia, otra decisión judicial ha generado controversia. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, en cabeza del juez Jhoan Aguilera Martínez, ordenó la suspensión temporal y excepcional de bombardeos cuando exista información objetiva sobre la presencia de menores reclutados. La tutela fue presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez en representación de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado. En su fallo, el juez Aguilera aclaró: “La ponderación efectuada en esta etapa no supone afirmar que toda operación militar deba suspenderse ni que la presencia eventual de menores haga ilícita, por sí misma, cualquier operación”. Es decir, la medida no es una prohibición generalizada, sino una restricción condicionada a que se verifique la presencia de menores reclutados.
“¿Qué dirá la jueza de familia que frenó los bombardeos contra campamentos terroristas? Estos criminales no protegen a los jóvenes: los reclutan, los usan como escudos y ahora llevan la guerra hasta las aulas.”
María Fernanda Cabal, exsenadora
El ataque del ELN en Ocaña fue confirmado por el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, quien detalló el uso de más de dieciséis drones cargados con explosivos. El Ejército informó que el ataque con drones y el posterior combate terrestre fueron dos hechos distintos en el mismo evento de seguridad. Mientras tanto, las decisiones judiciales que limitan los bombardeos —una de una jueza de familia de Bogotá y otra del juzgado en Guaviare— han reabierto el debate sobre el equilibrio entre la lucha contra los grupos armados y la protección de los derechos de los menores reclutados forzosamente.
