La violencia en los estadios colombianos ha vuelto a encender las alarmas durante el segundo semestre de 2024, con incidentes como la batalla campal en El Campín durante el partido Santa Fe vs. América, la invasión en el estadio del Deportivo Cali y las peleas entre hinchadas de Millonarios y Atlético Nacional. Sin embargo, congresistas y funcionarios coinciden en que el problema no radica en la falta de normas, sino en la ausencia de voluntad para aplicarlas. Colombia cuenta con tres leyes que regulan la seguridad en el fútbol —la Ley 1270 de 2009, la Ley 1356 de 2009 y la Ley 1445 de 2011—, pero los clubes, como arrendatarios de los estadios, no están individualizando a los generadores de disturbios ni aplicando las sanciones contempladas, limitándose a imponer comparendos en lugar de multas o prohibiciones de ingreso.
El representante a la Cámara Víctor Salcedo fue contundente: “Aquí no hay que legislar más, aquí hay que hacer cumplir la ley”. Según el congresista, los clubes otorgan beneficios a las barras bravas, como descuentos en boletería y boletas gratis, lo que termina patrocinando a los mismos vándalos. “El fútbol para la familia se acabó por cuenta de unos vándalos disfrazados de barristas que tienen el patrocinio de todos los clubes”, denunció Salcedo, quien anunció que solicitará un debate de control político en la Comisión Séptima y envió un cuestionario a los ministros del Interior y del Deporte. Por su parte, Diego Karachas, director de la Dirección de Barrismo Social del Ministerio de la Igualdad, afirmó que “Colombia tiene una de las legislaciones más completas de Sudamérica. La Ley 1445 y la Ley 1270, junto al Código de Policía, cubren el comportamiento dentro y fuera de los estadios”. Sin embargo, reconoció que “normas hay. El problema está en la falta de voluntad política, recursos y articulación real entre los actores”.
Las sanciones que no se aplican
La Ley 1445 de 2011 establece multas que van de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por el porte de armas u objetos peligrosos, acompañadas de una prohibición de ingreso a escenarios deportivos de 6 meses a 3 años. Cuando se presentan agravantes, las multas ascienden de 8 a 15 SMLMV y la prohibición se extiende de 1 a 6 años. Para la agresión física, las sanciones económicas son de 20 a 100 SMLMV y la prohibición de ingreso de 3 a 5 años, mientras que los daños a la infraestructura se castigan con multas de 20 a 100 SMLMV y prohibición de 2 a 4 años. En el ámbito penal, la misma ley modifica el Código Penal para establecer prisión de 1 a 5 años por lanzar un objeto peligroso en un evento deportivo y, si el acto es calificado como terrorista, la condena es de 5 a 10 años más una multa de 100 a 500 SMLMV.
Por su parte, la Ley 1356 de 2009 contempla multas de 2 a 25 SMLMV por portar arma blanca y de 1 a 10 SMLMV por invadir la cancha. Si el infractor no paga la multa, esta se convierte en trabajo no remunerado: cinco días por cada salario mínimo adeudado, en jornadas de ocho horas diarias los domingos y festivos. Pese a que estas normas cubren no solo el estadio, sino también los accesos, zones aledañas, medios de transporte y actos antes, durate y después del partido, los clubes —que operan como arrendatarios de escenarios públicos, salvo el Deportivo Cali— no están aplicando las sanciones. La Dimayor y la mayoría de los clubes no respondieron a las preguntas de Infobae Colombia; la única excepción fue el Independiente Medellín, que anunció en sepitiembre la implementación de reconocimient facial para 1.000 miembros de la Rexixtenxia Norte.
«El problema no es de plata, el problema es de voluntad política y administrativa»
Víctor Salcedo, representante a la Cámara
Salcedo insistió en que no se necesita más legislación sino hacer cumplir la ley, una postura compartida por Karachas, quien recordó que los recursos provenientes de las multas de la Ley 1445 deben destinarse a programas de formación pedagógica para la paz y la convivencia en los estadios. El congresista Juan Sebastián Gómez, coautor de un proyecto de Ley de Barrismo Social que no fue sancionado, también ha señalado la falta de compromiso de los clubes para individualizar a los infractores. Mientras los incidentes violentos se repiten y las autoridades solo imponen comparendos, la pregunta que queda en el aire es si los clubes, que son soberanos en su negocio, estarán dispuestos a asumir su responsabilidad o si será necesario que el Congreso presione a través de debates y citaciones a los ministros para que la ley se cumpla de una vez.
