En una entrevista con la revista Cambio, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, lanzó declaraciones que sacuden los cimientos del gobierno de Gustavo Petro al afirmar que en la Consejería Presidencial “no se movía nada sin que el presidente supiera”. Ortiz, quien estuvo 17 meses recluida en la Escuela de Carabineros en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), vinculó directamente al jefe de Estado con las decisiones de esa dependencia, asegurando que incluso las consultas diarias pasaban por Carlos Ramón González, entonces consejero presidencial, quien a su vez debía consultar al presidente. La entrevista se conoce justo antes de que se reactive el caso con una audiencia preparatoria programada para el 18 de septiembre de 2024, en la que Ortiz buscará desmentir su culpabilidad y señalar a otros responsables.
Durante la conversación con el medio, Ortiz relató que su renuncia se produjo después de que estallara el escándalo en mayo de 2024 y que, en una reunión con Petro y Laura Sarabia, el presidente le dijo en dos ocasiones que “el tema aquí es Name”. La exfuncionaria también reveló que Carlos Ramón González apoyaba económicamente campañas de dirigentes del Partido Verde, como Claudia López, Angélica Lozano, Catherine Miranda e Inti Asprilla, a través de préstamos reembolsables con recursos de reposición de votos. Ortiz, quien fue senadora por el Partido Verde el último año, explicó que existían tensiones previas con el Pacto Histórico debido a que, junto con Angélica Lozano, le quitaron la vicepresidencia a Gustavo Bolívar, y que ella misma postuló a Iván Name para la presidencia del Senado.
Acusaciones contra la Fiscalía
La exconsejera no solo apuntó contra el presidente y otros funcionarios, sino que también cuestionó duramente el accionar de la Fiscalía General, liderada por Luz Adriana Camargo. Según Ortiz, el caso en su contra se ha construido con pruebas irregulares, específicamente peritajes privados contratados por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla. “Ese tipo de pericias y actuaciones no las hizo la Fiscalía con sus propios equipos; las hicieron los abogados de Olmedo y Sneyder y le llevaron el material a la Fiscalía”, afirmó, añadiendo que esto se probará en la audiencia del 18 de septiembre. Además, negó categóricamente que Sneyder Pinilla se hubiera subido a su carro, como se ha sugerido en algunas versiones.
“Solo puedo decir que allá no se movía nada sin que el presidente supiera. Nadie hacía nada. Yo no tomaba una decisión sin que él lo supiera. En la consejería, yo todo lo consultaba. Yo no era independiente. Todo se le preguntaba a Carlos Ramón, y él me decía: ‘tengo que consultarlo con el presidente’”
Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones
En medio de sus revelaciones, Ortiz pidió protección ante un intento de secuestro que, según ella, sufrió mientras estaba recluida, y mencionó el asesinato de su expareja, Juan Sebastián Aguilar, ocurrido un día después de que él prometiera entregarle documentos sobre personas que la acusaban, aunque aclaró que no tiene pruebas para atribuir ese crimen al gobierno. La exfuncionaria también se desvinculó de cualquier relación con Hernando Sánchez, el sector esmeraldero o negocios mineros, insistiendo en que su papel en el gobierno no tenía vínculos con esos ámbitos.
El impacto de estas declaraciones podría ser significativo, pues implican directamente a altos funcionarios del Ejecutivo en el manejo de la crisis de la Ungrd, un escándalo que ya ha salpicado a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por presuntos pagos de millonarias coimas. Con la audiencia preparatoria a la vuelta de la esquina, las afirmaciones de Sandra Ortiz abren un nuevo capítulo en un caso que promete seguir dando de qué hablar en la agenda política colombiana.
