La ministra de Salud, Ana María Vesga, lanzó una contundente denuncia a través de su cuenta oficial de X al afirmar que el gobierno de Gustavo Petro dejó el sistema de salud colombiano sumido en una crisis humanitaria, financiera y operativa. En una serie de mensajes publicados en su red social, la funcionaria reveló que al asumir el cargo el pasado 7 de agosto de 2026 se encontró con miles de pacientes desatendidos, muchos en estado crítico, y deudas billonarias con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos. Según Vesga, la administración anterior habría permitido una «invasión política» en las instituciones del sector, acompañada de un «derroche presupuestal» que agravó la situación heredada.
Las cifras expuestas por la ministra son alarmantes. Durante la gestión de Gustavo Petro fueron intervenidas siete EPS, con más de 22 millones de afiliados que, en palabras de Vesga, recibían una atención deficiente. Un informe de la Contraloría General de la República, elaborado antes de la salida de Carlos Hernán Rodríguez de la entidad, revela que las EPS terminaron el año 2025 con obligaciones por 58 billones de pesos, lo que representa un incremento del 26,5% en apenas doce meses. De las 28 EPS activas en el país, solo cuatro (Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía) cumplieron con todos los requisitos financieros durante el año pasado, mientras que 17 de las 26 EPS registraron pérdidas, destinando en promedio el 110% de los recursos recibidos para cubrir sus gastos.
Una herencia financiera insostenible
La situación de la Nueva EPS resulta particularmente crítica. Esta entidad, que cuenta con 11,6 millones de afiliados y está bajo intervención desde abril de 2024, vio aumentar su deuda de 22 billones a casi 26 billones de pesos en un año. La Contraloría advierte que no tiene balances aprobados desde diciembre de 2023 y que no logró cerrar contablemente ni 2024 ni 2025. El organismo de control también señaló que el costo de los servicios para los afiliados superó los ingresos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que afectó directamente los resultados de las entidades y generó mayores barreras de acceso para los pacientes, con retrasos en medicamentos y tratamientos. A esto se suma que la Corte Constitucional ya había concluido que el Ministerio fijó una UPC insuficiente y ordenó un ajuste técnico, abriendo incluso un incidente de desacato contra el entonces ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en diciembre de 2025 por incumplimiento de esa orden.
«No olvidemos el sistema de salud que recibimos el 7 de agosto: miles de pacientes desatendidos, muchos de ellos críticos; deudas billonarias con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos. Siete EPS intervenidas, con más de 22 millones de afiliados que recibían una atención deficiente. Una crisis humanitaria, financiera y operativa. Sin hablar de la invasión política en las instituciones de salud y el derroche presupuestal»
Ana María Vesga, ministra de Salud
Pese al complejo panorama, la ministra aseguró que su equipo ya está trabajando para «ordenar la casa». En sus declaraciones, Vesga afirmó que atienden la emergencia, cuidan los recursos y laboran las 24 horas para garantizar que la atención llegue a todos los colombianos, sin distinción social o territorial. «El sistema debe responder a todos, no solo a quienes visibilizan sus casos», enfatizó. La Contraloría, por su parte, advirtió que las dificultades económicas de las EPS incrementan las barreras de acceso para los pacientes, generando retrasos en la entrega de medicamentos y tratamientos. Además, el ente de control señaló que la Nueva EPS no tiene balances aprobados desde diciembre de 2023 y que no logró cerrar contablemente los años 2024 ni 2025, lo que profundiza la incertidumbre sobre la real situación financiera del sistema.
