El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha solicitado al canciller Omar Bula y a la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, que revisen el caso del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien deberá comparecer el próximo 8 de septiembre ante un tribunal civil del Distrito Sur de Florida. La petición se hizo pública a través de la red social X, donde el mandatario instruyó evaluar el expediente y proceder conforme a derecho para brindar acompañamiento estatal al exmilitar, actualmente residente en Weston.
Plazas Vega enfrenta una demanda civil presentada en 2022 por las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas –Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain–, quienes buscan establecer responsabilidad de mando por tortura y ejecución extrajudicial durante la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El tribunal no revisará los hechos juzgados en Colombia, sino que se centrará en determinar si el coronel tenía autoridad sobre los uniformados implicados, si estaba al tanto de lo ocurrido y si tomó medidas para prevenirlo o investigarlo. Plazas Vega niega cualquier participación o responsabilidad.
La postura del Gobierno
De la Espriella calificó a Plazas Vega como «un héroe de la Patria» y afirmó que, si debe enfrentar situaciones jurídicas por hechos ocurridos en el ejercicio de su deber y en defensa del país, es deber del Estado acompañarlo. «Los soldados de la Patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico que tanto daño les hace a las instituciones», declaró el presidente, quien agregó que en su gobierno «la aproximación a estos hechos no será la de dejar a su suerte a quienes portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas».
«Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Plazas Vega fue absuelto en 2015 por la Corte Suprema de Colombia en el proceso penal por desaparición forzada relacionado con la misma operación militar. Sin embargo, la demanda civil en Estados Unidos, amparada en la legislación sobre tortura, abre un nuevo frente judicial que el gobierno colombiano ahora decide apoyar oficialmente. La decisión podría generar tensiones con Washington y con los familiares de las víctimas, que durante décadas han buscado justicia en distintas instancias internacionales.
En el litigio, el tribunal evaluará exclusivamente la cadena de mando durante la retoma. Se espera que el 8 de septiembre el coronel retirado presente su versión de los hechos, mientras el gobierno de De la Espriella asume una defensa activa del exuniformado, marcando un giro en la política estatal frente a casos de violaciones a derechos humanos ocurridos en el conflicto armado interno.
