El Departamento Nacional de Planeación (DNP) prepara una prórroga hasta el 31 de julio de 2027 para la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), tras recibir más de 112.000 reclamaciones en agosto de 2026 por fallas en la clasificación socioeconómica del nuevo sistema. El proyecto de decreto, elaborado bajo la dirección de Abelardo de la Espriella, extiende el plazo que originalmente vencía el 31 de julio de 2026, manteniendo vigente el Sisbén para la definición de subsidios mientras se corrigen los algoritmos del RUI.
Un aluvión de quejas desata la medida
Las 112.000 peticiones ciudadanas presentadas en agosto de 2026 evidencian problemas en la estimación de ingresos del RUI, que han generado riesgos de exclusión o inclusión indebida en programas sociales. Esta cifra contrasta con los bajos niveles de reclamaciones que históricamente ha registrado el Sisbén: 42.407 en 2024, 11.213 en 2025 y 11.756 hasta julio de 2026. El propio DNP reconoció en el documento que incluso la clasificación del presidente Abelardo de la Espriella presentó errores, lo que detonó la necesidad de ajustar el sistema.
«Transitoriedad: El plazo para financiar el proceso de transición de la focalización de los beneficiarios y potenciales beneficiarios de programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social que al 31 de julio de 2026 hayan sido identificados o focalizados mediante la información del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales del (Sisbén) y al Registro Universal de Ingresos (RUI), será hasta el 31 de julio de 2027».
Proyecto de decreto del DNP
El RUI no quedará suspendido durante este periodo. De acuerdo con el DNP, continuará en desarrollo de forma paralela mientras se fortalecen, validan, optimizan y calibran sus algoritmos. El plazo adicional permitirá revisar los resultados arrojados por las herramientas de cálculo antes de eliminar definitivamente la información del Sisbén, evitando así la exclusión de hogares beneficiarios y corrigiendo inconsistencias antes de que el nuevo sistema asuma plenamente la focalización de subsidios.
La preocupación del Gobierno se centra en los efectos de clasificaciones equivocadas, que pueden incluir o excluir hogares de ayudas estatales sin justificación. Con más de 112.000 reclamaciones en un solo mes, el DNP busca asegurar que la transición al RUI no genere distorsiones en la atención social, mientras se depuran los mecanismos de cálculo y se garantiza que los colombianos más vulnerables no pierdan el acceso a los programas del Estado.
