Dieciocho años después del desplome de la captadora de dinero DMG, un apartamento de 98 metros cuadrados en el exclusivo sector de Unicentro, en Bogotá, se ha convertido en un símbolo de la ironía que enfrentan miles de víctimas. El inmueble, ubicado en el conjunto residencial Santa Bárbara Norte, fue adjudicado a 4.290 acreedores del proceso de liquidación, pero la mayoría de ellos posee una participación tan ínfima —del 0,023 %— que no pueden usarlo ni venderlo, mientras acumulan deudas de impuesto predial que les impiden incluso acceder a subsidios de vivienda.
El caso, revelado por el diario El Tiempo, expone una situación que afecta a más de 200.000 víctimas del esquema piramidal liderado por David Murcia Guzmán, que colapsó en 2008. Durante el proceso de liquidación liderado por la Superintendencia de Sociedades, se incautaron 595 bienes inmuebles —576 en 2011 y 19 en 2013— valorados inicialmente en más de 130.000 millones de pesos. La mayoría de esos predios se adjudicaron directamente a los acreedores cuando no lograron venderse dentro del plazo legal de dos meses, y entre ellos está este apartamento de 98 metros cuadrados cuyo avalúo asciende a 461.487.000 pesos.
Una propiedad compartida por 4.290 personas
De los 4.290 copropietarios del apartamento, 4.257 poseen exactamente el 0,023 % del inmueble cada uno, mientras que los porcentajes restantes se distribuyen entre otros afectados con participaciones aún menores. Esto significa que la porción de cada persona vale aproximadamente 106.000 pesos, una suma irrisoria comparada con los 20 millones, 30 millones o hasta 50 millones que algunos de ellos invirtieron originalmente en DMG. La agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, explicó que el inmueble no pudo ser vendido en el plazo establecido por la ley, por lo que se procedió a adjudicarlo a los acreedores reconocidos que no manifestaron su rechazo de manera expresa. «Ninguno de los 4.290 adjudicatarios manifestó rechazo, por lo que se procedió a registrar los porcentajes en la tradición del inmueble», señaló Perry.
La funcionaria aclaró que la decisión de adjudicación se publicó en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades y en la plataforma Baranda Virtual, sin que existiera obligación de notificar personalmente a cada uno de los afectados. Quienes guardaron silencio fueron considerados aceptantes por la ley. «No existía obligación de notificar personalmente a cada adjudicatario y que la decisión fue publicada en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades y en la plataforma Baranda Virtual», reiteró la agente liquidadora. Muchos de los afectados se enteraron de que figuraban como propietarios solo cuando recibieron cobros de la Secretaría de Hacienda de Bogotá por el impuesto predial, o cuando les fue negado el acceso a subsidios de vivienda al aparecer como dueños de un inmueble en el certificado de libertad y tradición.
Cargas tributarias y sueños de vivienda truncados
Desde el momento en que la adjudicación quedó en firme, los gastos del inmueble pasaron a ser responsabilidad de los nuevos propietarios. «Desde la ejecutoria de la adjudicación, los gastos del inmueble quedaron en cabeza de los nuevos propietarios», afirmó Perry. Un ejemplo revelador es el de un adjudicatario que había pagado apenas 1.000 pesos de impuesto predial y ahora enfrenta una deuda de cerca de 3 millones de pesos por este concepto. La situación se agrava porque la Superintendencia de Sociedades, según Perry, «no puede cancelar ni reversar la adjudicación porque la decisión está en firme, ejecutoriada y registrada».
El apartamento, según informó el vigilante del edificio, estaría ocupado desde hace varios años, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. La única salida posible para los copropietarios es vender su porcentaje de participación, una tarea individual y compleja que, dado el minúsculo valor de cada porción, parece casi inviable en la práctica. Mientras tanto, las más de 200.000 víctimas del esquema de DMG continúan atrapadas en un laberinto legal donde, 18 años después del desplome, la promesa de recuperar algo de su dinero se ha convertido en una nueva carga financiera y en un obstáculo para acceder a la vivienda propia.
