El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia, ha intensificado una campaña de advertencia dirigida a migrantes irregulares, especialmente latinoamericanos, con multas civiles que, convertidas a la tasa de cambio actual, oscilan entre 312.608 y 31.167.017 pesos colombianos. La sanción más severa alcanza los 3,1 millones de pesos diarios por ignorar una orden de deportación, lo que puede acumular deudas millonarias en pocos años. Esta política, impulsada durante la segunda administración Trump, busca disuadir tanto el ingreso ilegal como la permanencia sin documentos.
Las multas se fundamentan en la sección 1325 del Título 8 del Código de Estados Unidos, que regula la entrada indocumentada y contempla sanciones civiles que pueden aplicarse de forma simultánea con cargos penales. Por entrada ilegal, ya sea un intento fallido o un ingreso consumado, la sanción va de 100 a 500 dólares, equivalentes a entre 312.608 y 1.563.040 pesos colombianos, y se duplica en caso de reincidencia. Quienes incumplan una orden de salida voluntaria enfrentan multas de 1.992 a 9.970 dólares, que en pesos colombianos representan entre 6.227.151 y 31.167.017. La sanción más grave es por no acatar una orden de deportación: 998 dólares por día, unos 3.123.831 pesos colombianos diarios, con un tope legal de cinco años de acumulación. Esto significa que en un año la deuda puede alcanzar los 364.270 dólares, aproximadamente 1.138 millones de pesos, y en cinco años superar los 1,82 millones de dólares, equivalentes a más de 5.689 millones de pesos colombianos.
Endurecimiento del proceso de sanción
En 2025, el DHS y el Departamento de Justicia simplificaron el proceso de imposición de multas, eliminando el período de aviso previo de 30 días que existía anteriormente. Ahora las notificaciones se envían por correo ordinario y el plazo para apelar se redujo a 15 días hábiles. Este cambio ha permitido una mayor agilidad en la emisión de sanciones. Según un informe del DHS de julio de 2026, desde el inicio de la segunda administración Trump se han emitido más de 103.000 notificaciones, con un monto total facturado que supera los 84.000 millones de dólares. Sin embargo, el cobro efectivo ha sido limitado: apenas 1.200 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 1,4% del total facturado.
Las multas impagas deben saldarse antes de que el migrante pueda iniciar cualquier proceso formal de deportación. El gobierno estadounidense puede recurrir al embargo de salarios, la retención de devoluciones de impuestos y la transferencia de la deuda a agencias privadas de cobro, lo que convierte estas sanciones en un mecanismo de presión económica de largo alcance. Paralelamente, existe una opción de salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home, que permite la condonación total de las multas civiles, un vuelo de regreso gratuito y un bono de 2.600 dólares, equivalentes a 8.127.808 pesos colombianos, siempre que la salida quede documentada en la plataforma. Quienes abandonen el país por vías no verificadas no acceden a este beneficio.
La campaña de advertencia del DHS, que incluye la difusión de estas cifras en redes sociales y medios de comunicación, tiene como objetivo desincentivar tanto la migración irregular como la permanencia de quienes ya están en territorio estadounidense sin estatus legal. Para la comunidad latinoamericana, especialmente colombiana, estas sanciones representan un riesgo financiero considerable, ya que las multas pueden acumularse rápidamente y derivar en consecuencias económicas que trascienden la frontera.
