La guerra de acusaciones entre dos mujeres del alto gobierno estalló en el plano judicial. María Cristina Patiño, fiscal Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, radicó una querella penal por injuria y calumnia contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de Gustavo Petro, por haberla señalado falsamente de reunirse en un hotel con Olmedo de Jesús López, exdirector de la Ungrd, y su defensa para torcer el curso de procesos penales. La denuncia fue interpuesta el 27 de agosto de 2024, antes de que Ortiz repitiera la acusación en una entrevista, y se tramita ante la Fiscalía General de la Nación, separada del expediente principal de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo que involucra a la exfuncionaria.
Los señalamientos se difundieron en la red social X los días 22 y 23 de agosto, y se profundizaron en una entrevista con el medio Cambio el 6 de septiembre. En esos espacios, Ortiz afirmó que la fiscal Patiño se había reunido “en un hotel con Olmedo López, su abogado y los investigadores de su defensa”, con la connotación de desviar el cauce legal de los procesos que adelanta la fiscal, incluido el suyo propio por los graves hechos de corrupción en la Ungrd. Patiño negó categóricamente el encuentro y consideró que las imputaciones sin sustento lesionaron su honra y buen nombre personal y profesional. En su querella, la fiscal explicó que las acusaciones la sitúan en una locación externa a las instalaciones de la Fiscalía, en un contexto que sugiere un pacto ilegal para torcer la investigación.
Acusaciones cruzadas y contexto judicial
El escándalo de fondo es el macrocaso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde Sandra Ortiz es investigada por lavado de activos y tráfico de influencias como presunta intermediaria en la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, para favorecer reformas del Gobierno. El expediente principal incluye la declaración de Olmedo López, chats, videos y georreferenciación, y señala una reunión el 21 de septiembre de 2023 en Casa de Nariño con López y Ortiz para pactar contratos. Además, se menciona un contrato por 11.000 millones de pesos desviado en el Atlántico para beneficiar al senador Name, y una presunta orden de entrega de 3.000 millones al mismo senador, según la declaración del exdirector de la Ungrd. Olmedo López también señaló al exdirector del Dapre Carlos Ramón González como ordenante de esa entrega.
Ortiz estuvo privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024 hasta el 11 de mayo de 2026, fecha consignada en el expediente, y quedó libre por vencimiento de términos. Su juicio se reanudará en los próximos días. En sus intervenciones, la exconsejera ha insistido en que el proceso es político y no jurídico, y que la Fiscalía le pidió acusar a ministros para evitar la imputación. “Yo tengo la carta que le envié y la trazabilidad que le envié en este momento a mi abogado. Nosotros, desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Lo digo abiertamente, es un tema político”, declaró en audiencia. También negó capacidad de decisión en la Ungrd: “Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo que tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver”.
«La denunciada consciente y voluntariamente realizó imputaciones o señalamientos en mi contra que lesionaron mi honra en menoscabo de mi patrimonio moral, al afirmar sin sustento alguno y contrariando la verdad que, en mi calidad de Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia me reuní en una locación externa a las instalaciones de la Fiscalía con uno de los procesados en el macrocaso de corrupción que actualmente adelanto, a saber, con Olmedo de Jesús López Martínez, su defensor y los investigadores de la defensa, en un contexto y con la connotación de torcer o desviar el cauce legal y reglamentario de los procesos penales que actualmente adelanto, incluyendo el suyo propio, por los graves hechos de corrupción en torno a la Ungrd»
María Cristina Patiño, Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
La fiscal Patiño aclaró en su denuncia que ella es de Barrancabermeja y no de Boyacá como afirmó Ortiz, y que la querella fue radicada el 27 de agosto, previo a la entrevista del 6 de septiembre en la que la exconsejera reiteró sus acusaciones. En esa entrevista, Ortiz afirmó: “Tengo todas las pruebas de lo que digo y lo voy a demostrar el 18 de septiembre (…) Por ejemplo, las reuniones que ella tenía en un hotel con los abogados Moreno, con sus investigadores y con Olmedo López, organizando todo esto. Eso no es decente”. La denuncia por injuria y calumnia se tramita por separado del expediente principal de la Ungrd, y marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre dos figuras que estuvieron en el círculo cercano del presidente Petro. Mientras Ortiz enfrenta un juicio por corrupción, la fiscal que la investiga ahora la acusa de mentir para desacreditarla. La verdad, como dice la exconsejera, aún no sale a la luz.
