La concejala de Bogotá, Diana Diago, del partido Centro Democrático, ha puesto en el ojo del huracán un posible nuevo nombramiento de la exprocuradora delegada Lina María Vega Sarmiento, esta vez como asesora del despacho del director del Departamento de Prosperidad Social (DPS). A través de sus redes sociales, Diago cuestionó abiertamente la idoneidad de Vega para ocupar el cargo asesor 1020 Grado 16, luego de que su hoja de vida fuera publicada en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) el mismo día de su retiro de la Procuraduría. El señalamiento central de la concejala radica en el pasado disciplinario de Vega, quien fue declarada insubsistente como funcionaria de la Procuraduría el 11 de septiembre de 2025, tras haber impuesto una sanción que la dirigente tacha de “irrisoria” e insuficiente en el caso de la muerte del joven Cristian Hernández, ocurrida en septiembre de 2020 durante las protestas en Bogotá.
El caso que mancha la hoja de vida de Lina María Vega se remonta al 9 de septiembre de 2020, cuando Cristian Hernández, un domiciliario de 26 años, fue asesinado de un disparo en las inmediaciones del CAI de Verbenal, en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana. Su muerte se produjo en el marco de las protestas que estallaron tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez, dejando un saldo de diez civiles fallecidos en Bogotá entre el 9 y el 11 de septiembre de ese año. Como procuradora delegada disciplinaria de juzgamiento, Vega fue la encargada de investigar la muerte del joven. Tras cinco años de proceso, su fallo absolvió al coronel Roberto Carlos Sánchez Rodríguez y al patrullero Emmanuel Córdoba Arias, y solo sancionó al teniente Reinerio Alberto Cuartas Jiménez con una inhabilidad de 160 días, poco más de cinco meses, por abuso de autoridad y extralimitación de funciones. La sanción fue considerada por los familiares de la víctima y organizaciones de derechos humanos como una condena irrisoria, y desencadenó la reacción del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, quien el 11 de septiembre de 2025 firmó dos decretos: uno para dejar sin efecto el encargo de Vega como procuradora delegada y otro para declarar insubsistente su vínculo como asesora, en una política de “cero tolerancia con la violación de los derechos humanos”.
Un llamado a la revisión de la designación
La concejala Diago no solo reveló el posible nombramiento de Vega en el DPS, sino que lanzó un contundente llamado al presidente de esa entidad, Abelardo de la Espriella. En su pronunciamiento, la cabildante afirmó que “Vega fue destituida por el procurador general tras proferir condenas irrisorias en el caso de máxima gravedad por la muerte del joven Christian Hernández”. Asimismo, hizo un llamado directo a De la Espriella: “El verdadero cambio exige gobernar con los mejores. En el banco de hojas de vida hay miles de colombianos esperando una oportunidad. No le metan gato por liebre a los colombianos”. La hoja de vida de Vega ya aparece publicada en la página del Dapre para un cargo asesor en el DPS, aunque hasta el momento no se ha confirmado un nombramiento oficial. Diago advierte que la llegada de una funcionaria con este pasado disciplinario sería una afrenta a la memoria de la víctima y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
