En medio de las discusiones del Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso de la República, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció un drástico recorte en el gasto de funcionamiento de su cartera: no se renovarán 10.000 contratos de prestación de servicios y se suspenden nuevas compras de tierras. Además, se realizará una auditoría a los pagos pendientes por 1,4 billones de pesos antes de girar nuevos recursos. La medida busca redistribuir el presupuesto para priorizar la inversión directa en productores y campesinos, en un contexto donde el presupuesto del sector agropecuario caerá un 32% frente al de 2026.
El anuncio se produce en el marco de la discusión del PGN 2027, donde la cartera agropecuaria busca modificar la relación entre gasto operativo e inversión. Mientras los gastos de funcionamiento aumentaron un 8,5%, la inversión se reducirá cerca del 44%. Dangond fue claro en su postura: «Yo quiero menos funcionamiento y más recursos para inversión». El costo de los 10.000 contratos que no se renovarán asciende a 540.000 millones de pesos, recursos que serán redirigidos a financiamiento y programas para el campo.
Recorte de contratos y suspensión de compras de tierras
La decisión impacta directamente a entidades como la Upra, que recibió 64.000 millones de pesos en 2026, parte de ellos en contratos de servicios, y a la Unidad de Restitución de Tierras, con un presupuesto de 475.000 millones de pesos, de los cuales 130.000 millones corresponden a contratación de servicios. Dangond explicó que la prioridad es reducir el aparato burocrático para fortalecer la inversión: «Con 100.000 millones de pesos puedo jalonar 800.000 millones de pesos en crédito a 10 años», señaló el funcionario, al proponer subsidiar las tasas de interés para ampliar el crédito agropecuario de largo plazo. Los grandes proyectos de inversión comenzarían a partir de 2028.
En el frente de tierras, el gobierno anterior se había propuesto adquirir 3 millones de hectáreas, pero hasta ahora se han comprado cerca de 350.000 hectáreas por 3,9 billones de pesos. Sin embargo, en revisiones preliminares de entre 15 y 20 operaciones se encontraron precios superiores a los de referencia del mercado. Por ello, Dangond anunció que no se girará un solo peso de los 1,4 billones de pesos pendientes hasta no verificar que no haya irregularidades. «No vamos a girar un solo peso de esos 1,4 billones (…) hasta que no verifiquemos que ahí no hay torcidos», afirmó el ministro. La auditoría podría extenderse hasta diciembre con participación de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Además, el Fondo de Tierras dispone de 1 millón de hectáreas, y más de 35.000 pequeños productores tienen títulos provisionales sobre predios con litigios.
«Lo recibí en sala de urgencias» y «2027 será el año para normalizar al paciente.»
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura
El ministro comparó la situación de la cartera con un paciente en estado crítico y afirmó que 2027 será el año para estabilizar las finanzas del sector. Mientras tanto, la auditoría a las compras de tierras del gobierno de Gustavo Petro continúa, y se ha detectado que parte de los predios entregados no contaron con crédito, asistencia técnica ni proyectos productivos, lo que refuerza la decisión de suspender nuevas adquisiciones hasta que se regularice la situación.
