La excónsul de Colombia en Chile, María Antonia Pardo, rompió su silencio para criticar a sectores de la izquierda y a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por su “silencio conveniente” tras la condena a tres años de prisión contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, por expedir títulos falsos a la activista Juliana Andrea Guerrero Jiménez. La decisión judicial, proferida por el Juzgado 46 Penal del Conocimiento de Bogotá, estableció que Gutiérrez alteró documentación académica para hacer constar que Guerrero había cumplido requisitos que en realidad no cursó, todo para respaldar su perfil profesional cuando el presidente Petro pretendía nombrarla viceministra del Ministerio de Igualdad.
Pardo, quien ocupó el cargo consular en Chile entre 2024 y 2025 durante la administración Petro, aseguró que el caso es una evidencia de cómo se intentaron vulnerar los procesos de selección en la función pública. “Es un hecho: los títulos de Juliana Guerrero eran falsos. La justicia ya condenó al exsecretario de la Fundación San José por expedirlos, y ahora Guerrero enfrenta juicio por los mismos hechos. A los jóvenes progresistas les seguiré diciendo lo mismo de siempre: estudien. Si quieren incidir en los cambios que el país necesita, no le hagan el quite a la universidad”, afirmó en un pronunciamiento. En un segundo mensaje, la excónsul insistió en que “toca estudiar. O de lo contrario en los puestos de poder, donde se toman las decisiones, seguirán estando siempre los mismos con las mismas mañas. Juliana eligió el atajo y pagará caro su error”.
El silencio de los exfuncionarios
El cuestionamiento más fuerte de Pardo apuntó a quienes integraron el gobierno Petro durante cuatro años y que, según ella, guardan un mutismo absoluto frente al escándalo. “¿No les parece sospechoso el silencio de tantos que ocuparon cargos altísimos durante los 4 años de Gustavo Petro -con sueldos envidiables, dicho sea de paso- y que hoy no dicen ni una palabra sobre Abelardo? No defienden lo que hicieron. No critican lo que ven mal. Puro mutismo. ¿A qué se deberá ese silencio tan conveniente?”, lanzó la excónsul. La referencia a “Abelardo” se inscribe en el contexto de la coyuntura política actual, donde el caso ha reabierto el debate interno en el movimiento de Gobierno sobre los filtros de contratación estatal y el cumplimiento de perfiles para la función pública.
“Suscribió, autorizó y expidió dos diplomas académicos falsos de profesional en Contaduría Pública y de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, más las dos actas de grado correspondientes. Todos los documentos mediante los cuales se hizo constar que Juliana Andrea Guerrero Jiménez había cumplido la totalidad de los requisitos académicos y legales, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad”.
Juzgado 46 Penal del Conocimiento, lectura de sentencia
Según la decisión judicial, Gutiérrez Martínez utilizó su acceso al sistema tecnológico de la institución educativa para adulterar los registros y certificar que Guerrero había cursado y aprobado materias que nunca tomó. Los documentos falsificados incluyeron dos diplomas —uno de profesional en Contaduría Pública y otro de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria—, además de dos actas de grado, todo bajo la apariencia de legalidad. La Fiscalía logró que el exsecretario aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo, lo que permitió la condena expedita por parte del juzgado capitalino. La justicia destacó que “el indiciado consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas”. Con este fallo, el caso no solo expone la fragilidad de los mecanismos de verificación en la educación superior, sino que deja interrogantes sobre el control que el Gobierno ejerció sobre los perfiles de quienes aspiraban a ocupar altos cargos en la administración de Gustavo Petro.
