El representante a la Cámara por el Centro Democrático del Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, celebró la firma del Decreto 1368, suscrito el pasado martes 8 de septiembre por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas en el país. Arizabaleta calificó la medida como un acierto del Gobierno nacional y aseguró que va en la dirección correcta para enfrentar la criminalidad.
El decreto permite a los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales solicitar autorización para portar armas, una decisión que el Ejecutivo sustentó en el hecho de que el 99,9 por ciento de los delitos cometidos con armas de fuego involucran armamento ilegal. Según el presidente De la Espriella, la principal amenaza no proviene de las armas legales, sino de las que están en manos de estructuras criminales y redes ilegales. En este sentido, las cifras oficiales respaldan el argumento gubernamental: entre enero y septiembre de 2026, la fuerza pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas con delitos e infracciones al Código Penal. De ese total, 980 armas correspondían a disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Además, fueron decomisados 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros.
Reacciones divididas en el Congreso
La medida ha generado opiniones encontradas en el legislativo. Mientras sectores como el Centro Democrático respaldan el decreto, la oposición anunció que presentará demandas contra la norma. Arizabaleta defendió la decisión argumentando que la mayor parte de los delitos se comete con armas ilegales y que la nueva disposición no permite el porte sin restricciones, sino para quienes cumplan con las exigencias legales. En sus declaraciones, el representante citó una frase contundente: “No hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”.
“Estoy muy contento porque el Gobierno de Abelardo de la Espriella va en la dirección correcta. Esto de levantar el permiso del porte de armas es una gran noticia para el país”.
Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara por el Centro Democrático del Valle del Cauca
El respaldo también llegó desde Risaralda. El representante Durguez Espinosa, del mismo partido, señaló que “en buena hora los colombianos nos podemos defender, porque si el Estado no nos puede defender, que nos permita hacerlo”. Espinosa añadió que, tras los acuerdos de paz, aproximadamente 600.000 armas con salvoconducto salieron de circulación, mientras que hoy más de tres millones de armas ilegales están en manos de la delincuencia, un contraste que, a su juicio, justifica la apertura del porte legal.
El debate sobre el porte de armas en Colombia quedó así dividido entre quienes ven en la legítima defensa una herramienta necesaria ante la ineficacia estatal y quienes advierten que la medida puede incrementar la violencia. Mientras el Gobierno insiste en que el decreto ataca el problema de raíz al enfocarse en el armamento ilegal, la controversia promete mantenerse en los próximos días, tanto en el Congreso como en los tribunales.
