Directivos del fútbol profesional colombiano solicitaron al Congreso cambios legislativos y judiciales para sancionar a los responsables de los actos violentos que han empañado los estadios del país, durante un debate de control político citado por el representante Víctor Manuel Salcedo Guerrero, del Partido de la U. La reunión, denominada “Paz en los Estadios”, se llevó a cabo el miércoles 8 de septiembre de 2026 en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y contó con la presencia de Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor; Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. Cada dirigente dispuso de cinco minutos para exponer su posición, aunque Zuluaga y Méndez agotaron el tiempo, mientras que Camacho fue más breve, y todos coincidieron en que las sanciones deportivas contra los clubes o el cierre de tribunas resultan insuficientes si no hay consecuencias efectivas para los responsables de los ataques.
El debate surgió a raíz de una seguidilla de episodios violentos que han marcado la temporada. El 22 de agosto, el estadio El Campín, en Bogotá, fue escenario de disturbios entre aficionados de Santa Fe y América. Apenas ocho días después, el 30 de agosto, se registró un nuevo episodio en el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. A estos se suman los enfrentamientos del 6 de agosto de 2025 entre hinchas de Santa Fe y Millonarios en la capital, y la final de la Copa Colombia del mismo año, que dejó 52 heridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ante este panorama, los dirigentes pidieron que se revisen y apliquen con rigor la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1622 de 2022, marcos normativos que, según señalaron, no se cumplen en la práctica.
Las voces de los dirigentes
Carlos Mario Zuluaga fue enfático al afirmar que el problema central es la falta de judicialización de quienes cometen actos vandálicos. “Las leyes en Colombia son amplias y profundas. Son muy completas, pero definitivamente no se cumplen muchas partes de lo que tratan de regular”, sostuvo el presidente de Dimayor, quien también advirtió sobre la inutilidad de la tecnología si no hay articulación institucional. “Millonarios tiene la biometría lista, pero no sirve para nada si no está articulada con la Policía y la Registraduría”, añadió, subrayando que la identificación biométrica requiere conexión con las bases de datos oficiales.
“El problema es la judicialización de las personas que van a hacer vandalismo a los estadios”
Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor
Por su parte, Eduardo Méndez fue contundente al criticar el sistema actual de sanciones. “Nosotros sancionamos el cemento porque no tenemos normas; las normas deben salir de acá hacia allá”, expresó el presidente de Santa Fe, quien además puso como ejemplo el caso de los hooligans: “Existían los hooligans hasta que se penalizaron esas acciones. Cuando se penalizaron, ahí quedó”. Enrique Camacho, presidente de Millonarios, complementó el análisis desde la perspectiva de los clubes: “Los clubes nos reservamos el derecho de admisión a los estadios y somos responsables por lo que ocurre en el espectáculo”. No obstante, explicó que, aunque los clubes y la Policía pueden coincidir en una medida, esta puede ser descartada por el voto de otros integrantes de las comisiones distritales de seguridad, lo que genera una “crisis de toma de decisiones políticas” en esos organismos locales.
El llamado al Congreso y las ausencias
El debate también citó a la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, y al director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña. El cuestionario incluyó preguntas sobre la aplicación de la Ley 1270 de 2009, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, y el cumplimiento del Decreto 1622 de 2022. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, estaba citado pero no asistió por compromisos con la Fifa. Durante la sesión, el Ministerio del Deporte informó que el Sistema de Validación Nacional, previsto en la regulación, aún está en proceso de implementación y no se tiene una cifra consolidada sobre los clubes que aplican integralmente las medidas de control de acceso. Los dirigentes coincidieron en que, mientras no haya consecuencias penales efectivas y una coordinación real entre las instituciones, la violencia en los estadios seguirá siendo un problema estructural que ninguna sanción deportiva podrá resolver por sí sola.
