Al cumplirse un mes de mandato y en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió sobre el deterioro de las condiciones para el periodismo en Colombia, cuestionó medidas restrictivas como la Directiva Presidencial 01 y convocó al mandatario a un diálogo urgente con compromisos verificables.
En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos y al cumplirse las primeras cuatro semanas del nuevo Gobierno, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), respaldada por organizaciones aliadas, hizo un llamado urgente al presidente de la República para transformar los discursos oficiales en garantías tangibles de protección a la labor informativa y salvaguardar el derecho ciudadano a estar informado.
El pronunciamiento se da tras un balance crítico del último cuatrienio, durante el cual la organización documentó 2.003 agresiones contra 870 comunicadores en los 32 departamentos del país, incluidos diez homicidios y un promedio de una amenaza cada 48 horas. A este escenario se sumaron 226 incidentes de estigmatización desde el poder público y una agudización de la violencia en regiones como Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño, Cauca y el norte de Antioquia, donde el conflicto armado y las presiones directas han provocado desplazamientos, exilios y autocensura generalizada.
A este rezago estructural se añaden alarmas generadas durante el primer mes de la administración De La Espriella:
- Interrupción y cambio en medios comunitarios: El 18 de agosto salieron del aire sin previo aviso las 20 emisoras de paz derivadas del Acuerdo de 2016. Aunque 16 retomaron transmisiones como «Emisoras de la Reconciliación», cuatro frecuencias (Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta) continúan apagadas.
- Control informativo oficial: La expedición de la Directiva Presidencial 01 el 3 de septiembre centralizó las comunicaciones estatales al exigir permisos previos de la Presidencia para entrevistas a funcionarios, planteando incluso sesgos iniciales hacia medios afines.
- Riesgos de censura indirecta: Se han reportado denuncias sobre presiones a espacios editoriales, salidas de periodistas críticos y el cierre de tribunas de opinión encabezadas por mujeres y caricaturistas.
Ante este panorama, la FLIP formuló una serie de exigencias al Ejecutivo:
- Frenar la estigmatización: Emitir directrices claras que prohíban descalificar a la prensa desde el aparato gubernamental, en cumplimiento de fallos de la Corte Constitucional como la Sentencia SU-432 de 2025.
- Respetar la independencia editorial: Cesar presiones políticas o institucionales que condicionen contenidos o busquen la remoción de comunicadores independientes (conforme a la Sentencia T-203 de 2022).
- Eliminar filtros discrecionales: Aplicar criterios objetivos y no restrictivos en el acceso a declaraciones y datos públicos, evitando que la unificación de vocerías funcione como censura previa.
- Activar medidas de protección eficaces: Reanudar el decreto de la política pública para la labor periodística formulado en 2023, fortalecer el enfoque preventivo en los esquemas de seguridad y coordinar acciones efectivas entre la UNP, la Fiscalía, el Ministerio Público y autoridades regionales.
Para abordar de manera directa esta agenda, la FLIP y sus aliados extendieron una invitación formal al jefe de Estado a una reunión de trabajo, poniendo a disposición sus tres décadas de experiencia técnica en el monitoreo y defensa de los derechos de expresión e información en el país.
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