El Ministerio de Justicia y del Derecho defendió este lunes la aspersión aérea como una herramienta legal y legítima en la lucha contra el narcotráfico, en un pronunciamiento oficial divulgado el 14 de septiembre de 2026. La posición de la cartera, liderada por el ministro Iván Cancino González, se conoce apenas un día después de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunciara en una alocución que recurrirá dos decisiones judiciales que afectan directamente las operaciones de seguridad y los planes de erradicación de cultivos ilícitos en el país.
El documento del Ministerio de Justicia sostiene que los cultivos ilícitos no solo alimentan la cadena del narcotráfico, sino que generan graves daños ambientales como deforestación, expansión irregular de la frontera agrícola, contaminación de fuentes de agua y uso intensivo de sustancias químicas. En ese sentido, la cartera ministerial vincula la protección de los derechos fundamentales no únicamente a las comunidades que pueden verse expuestas a la aspersión, sino también a quienes padecen el control territorial y económico ejercido por los grupos armados que se financian con estas economías ilegales.
El pulso entre el control judicial y las facultades del Ejecutivo
Las decisiones judiciales que el presidente de la Espriella anunció que impugnará son dos. La primera tiene que ver con una orden que restringe las operaciones aéreas ofensivas contra grupos armados cuando haya menores de edad presentes en las zonas de operación. La segunda es una suspensión provisional de la aspersión aérea en el departamento de Putumayo, mientras se resuelve una acción de tutela interpuesta contra esta práctica. Ante este panorama, el jefe de Estado fue enfático en señalar que las decisiones judiciales se respetan y que las órdenes vigentes se cumplen, pero trazó una línea clara entre lo que considera un control judicial legítimo y lo que, en su concepto, constituye una invasión de las competencias propias del Ejecutivo.
«Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al gobierno»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Durante su alocución del domingo 13 de septiembre, el presidente recordó que la Constitución le asigna la dirección de la fuerza pública, la preservación del orden público y la conducción de las operaciones de guerra, siempre con respeto a los derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario. En esa misma línea, el ministro de Justicia insistió en que la amenaza que representa el narcotráfico justifica la utilización de todas las herramientas disponibles. «La amenaza es el narcotráfico» y «no actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades», afirmó Cancino González, quien además señaló que la aspersión aérea es un instrumento para combatir este flagelo y que la obligación del Estado es proteger a la población.
La controversia plantea un escenario de tensión institucional que trasciende el caso puntual de Putumayo y las restricciones a las operaciones aéreas. De un lado, el Gobierno defiende su margen de acción en la estrategia antinarcóticos y de seguridad, argumentando que la inacción frente a los cultivos ilícitos fortalece a los grupos armados y profundiza el sufrimiento de las comunidades rurales. Del otro, los fallos judiciales buscan garantizar la protección de derechos fundamentales y de poblaciones vulnerables que podrían resultar afectadas por estas mismas políticas. La decisión del presidente de recurrir las providencias reabre el debate sobre los límites del control judicial frente a las facultades discrecionales del Ejecutivo en materia de orden público, un asunto que tendrá que resolver en última instancia la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, según corresponda, en medio de las expectativas de todos los sectores involucrados en la política de drogas del país.
