El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el cierre definitivo de nueve procesos de diálogo, conversaciones sociojurídicas y zonas de ubicación temporal que el Estado mantenía con grupos armados y organizaciones criminales, una decisión que rige desde el 7 de agosto de 2026 y que, según el Gobierno, deja como únicas opciones para estas estructuras el sometimiento a la justicia o la confrontación con la fuerza pública. La medida, anunciada por la Presidencia de la República y el vocero oficial Miller Soto, pone fin a un modelo de negociación que la administración De la Espriella considera agotado y que, en su criterio, fue aprovechado por los actores violentos para fortalecerse sin ofrecer resultados tangibles en seguridad.
Los procesos cancelados abarcan a organizaciones de alto impacto en regiones estratégicas del país, como el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur; las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y diversas organizaciones armadas dedicadas al crimen en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. De acuerdo con el comunicado oficial de la Casa de Nariño, la decisión obedece a que dichos espacios fueron utilizados por los grupos para ganar tiempo, evadir la responsabilidad judicial y mantener o incluso aumentar sus actividades ilegales, como el narcotráfico y la extorsión, sin que se registrara una reducción efectiva de la violencia ni la desarticulación de las estructuras.
El fin de un modelo de negociación
El presidente De la Espriella, quien había hecho de esta promesa un eje de su campaña electoral, considera que el modelo heredado de la administración de Gustavo Petro no se tradujo en mejoras para las comunidades ni en un debilitamiento real de los grupos armados. Según datos oficiales revelados por el Gobierno, durante el cuatrienio anterior se destinaron más de siete mil millones de pesos únicamente en honorarios para voceros, representantes y negociadores, una cifra que no incluye los costos de esquemas de seguridad, viáticos, logística ni el funcionamiento de las zonas de ubicación temporal. “Para el presidente De la Espriella no habrá más espacios de diálogo utilizados para ganar tiempo, fortalecer estructuras criminales o evadir la responsabilidad ante la justicia”, señaló la Presidencia en un comunicado que resume la postura del Ejecutivo.
«El presidente De la Espriella considera agotado el modelo de negociaciones con organizaciones que no suspendan sus actividades ilegales»
Miller Soto, vocero del Gobierno nacional
La nueva estrategia del Gobierno condiciona cualquier eventual salida de estos grupos al sometimiento judicial, al tiempo que prioriza los operativos de la fuerza pública contra quienes persistan en sus acciones delictivas. El Ejecutivo ha afirmado que buscará reforzar la protección de las comunidades afectadas por la violencia y respaldar a los cuerpos de seguridad en su labor de desarticulación de las organizaciones criminales. La administración De la Espriella sostiene que la paz debe construirse sobre la base de la seguridad y la justicia, y que los recursos invertidos en los procesos de diálogo, que no se correspondieron con mejoras en seguridad ni con una reducción de las capacidades operativas de los grupos, serán redirigidos hacia el fortalecimiento institucional y el apoyo a las víctimas del conflicto.
