En una decisión que ha sacudido el ámbito estadístico y político del país, el gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Ricardo Valencia como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), apenas tres semanas después de su nombramiento. La destitución se produjo luego de que Valencia afirmara en una rueda de prensa que no había detectado anomalías ni manipulación en los indicadores económicos de julio, una postura que el Ejecutivo consideró contraria a sus expectativas. En su lugar, fue designado el economista Juan Manuel Alvarado Nivia, a quien se le instruyó realizar una revisión integral de la información estadística previa y modernizar los sistemas de datos del Estado.
El comunicado presidencial que anunció la salida de Valencia cuestionó la difusión del balance sin haber realizado auditorías profundas previas, y señaló un presunto incumplimiento de la Directiva Presidencial 001, que establece protocolos de comunicación para las entidades oficiales. Sin embargo, la decisión ha generado un fuerte debate sobre la independencia técnica del Dane, una entidad cuya autonomía está respaldada por la Ley 2335 de 2023, que la define explícitamente como una entidad independiente.
Reacciones encontradas: críticas a la independencia técnica
Las voces en contra no se hicieron esperar. El exministro Alejandro Gaviria cuestionó la coherencia de la medida: «¿De qué manera es compatible el respeto a la independencia técnica del DANE con la decisión de despedir a su director por hacer público un análisis interno?», expresó, poniendo en duda la lógica de una administración que parece priorizar el control político sobre el rigor estadístico. En la misma línea, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, estableció un paralelo con la gestión anterior: «Cuando Gustavo Petro cambiaba a sus funcionarios cada 6 meses, lo acusaban de improvisación y desorden institucional. ¿Cómo van a llamar ahora a Abelardo, cuyo director del DANE duró apenas 3 semanas?». Hernández fue aún más lejos en su crítica, afirmando que «esto ya parece el monólogo de la Casa de Nariño: el que no aplauda al emperador, es eliminado».
«La ciencia de datos en una sociedad no debe cruzarse con los intereses de la política. Cuidar la independencia del DANE es cuidar la verdad»
Cathy Juvinao, congresista
La congresista Cathy Juvinao recordó que la Ley 2335 de 2023 establece sin ambigüedades el carácter independiente del Dane, y advirtió que «el gobierno de De la Espriella no puede decidir cómo, cuándo ni bajo qué filtros el DANE entrega su información». Juvinao también subrayó la esencia de la labor estadística: «La ciencia de datos en una sociedad no debe cruzarse con los intereses de la política. Cuidar la independencia del DANE es cuidar la verdad». Por su parte, la exsenadora María José Pizarro lanzó una pregunta directa que resume la preocupación generalizada: «¿Van a manipular las cifras?».
Un debate sobre el futuro de la información oficial
Desde la bancada progresista, la representante Mafe Carrascal hizo un llamado a la movilización ciudadana, advirtiendo que «la ultraderecha no viene solo por nuestros derechos, sino por la posibilidad misma de un debate público informado». Carrascal convocó a los sectores sociales y profesionales a mantenerse alertas y protestar enérgicamente, pues considera que está en juego el piso mínimo común de hechos sobre el cual se construye cualquier discusión democrática. El exsenador Gustavo Bolívar, por su parte, recordó que las proyecciones oficiales para el crecimiento económico de 2024 superaban el 2,5 por ciento, mientras que el Dane reportó un modesto 1,7 por ciento, una cifra que, según dijo, nunca generó un reproche del expresidente Gustavo Petro: «Lo esperábamos por encima del 2.5 y el DANE dijo que era 1,7% y nunca un reproche de Gustavo Petro, nunca un intento por falsear una cifra». Bolívar cerró con una pregunta inquietante sobre el futuro: «¿Qué se supone que viene en adelante? Cifras infladas para maquillar el desastre».
La destitución de Ricardo Valencia marca un precedente preocupante en la relación entre el poder político y la producción de información oficial. Mientras el gobierno defiende su derecho a exigir rigurosidad en los procesos de verificación, la comunidad académica y diversos sectores políticos ven en esta acción un ataque directo a la credibilidad de las estadísticas nacionales. La designación de Alvarado Nivia, con la instrucción explícita de revisar datos previos, deja abierta la interrogante sobre qué se busca encontrar y, más importante aún, qué se espera que se encuentre. Lo que está en juego no es solo el futuro de una entidad, sino la confianza pública en los números que sustentan las decisiones de política en Colombia.
